G-7: que paguen los grandes el 15% donde tienen beneficios

Importante e histórico acuerdo del Grupo de los siete países más ricos del mundo (G-7) -que debe ratificar el G-20 y la OCDE- para obligar de una vez por todas a las multinacionales tecnológicas (Google, Microsoft, Amazon, Apple y Facebook) a pagar sus impuestos, de un mínimo del 15 %, en los países donde obtienen sus beneficios.

Y no donde han instalados sus sedes ‘ficticias’ y ‘regionales’, como ahora es el caso de Irlanda en el seno de la UE, aprovechando las ventajas fiscales que les ofrece el Gobierno de Dublin.

El acuerdo inicial del G-7 abre las puertas a un nuevo pacto global fiscal de mayor envergadura, en pos de una mayor justicia fiscal y social. Y por fin se ha abierto paso con motivo de la crisis de la pandemia del Covid-19 que ha causado un duro impacto en las economías del mundo, y ahí incluidas las de los países más desarrollados.

Y ha sido la presidencia de Joe Biden de los EE.UU. el motor del gran acuerdo del G-7, donde además de USA están representados los gobiernos de Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y Canadá a los que se han sumado representantes de la UE, Banco Mundial y la OCDE.

Washington lidera pues este importante acuerdo internacional que beneficia mucho a su economía porque la subida de los impuestos a las grandes compañías tecnológicas en USA -y se espera que también afecte a otras como las farmacéuticas y bancos- llega cuando el Gobierno de Joe Biden afronta un enorme gasto público con el que pretende impulsar su economía tras la crisis de la pandemia.

También a la UE, y a España ahí incluida, les beneficia el acuerdo en plena crisis económica y social y cuando se estaba preparando la llamada ‘tasa Google’ contra las multinacionales tecnológicas que burlaban, vía Irlanda, el pago de impuestos sobre los beneficios que estas compañías generaban en cada uno de los países de la UE.

Y esta buena noticia llega a España cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora pendiente de una remodelación ministerial, se prepara para lanzar una reforma fiscal en el país al hilo del Plan de Recuperación económica que el Ejecutivo español acaba de enviar a las instituciones de Bruselas.

El que está pendiente de aprobación por la UE ante las ambigüedades y los extraños calendarios que España presentó a las instituciones de la UE. Unos datos ambiguos en tiempo y contenido con los que Sánchez ha querido evitar precisiones sobre las reformas estructurales que le exige la UE para abrir la puerta de los Fondos UE a España; por temor Sánchez a sufrir un encontronazo frontal con su socio UP en el seno del gobierno de coalición en lo que a reformas estructurales y de ámbito social se refiere.

En todo caso el acuerdo de Londres del G-7 es un paso fundamental en pos de una mayor justicia fiscal mundial que pondrá fin a prácticas evasivas de las grandes multinacionales (la OCDE calcula que ascienden a la cifra más que escalofriante de 200.000 millones de dólares anuales), las que ahora han  de acatar las nuevas normativas fiscales que el los próximos meses se irán incorporando en el ámbito internacional.