Los Indultos pueden incurrir en ‘desviación de poder’ y ‘prevaricación’ 

En un excelente artículo publicado en La Tercera página de ABC (2/VI/2021) bajo el título El órdago de los indultos el prestigioso catedrático de Derecho Administrativo Tomas Ramon Fernández afirma que el presidente Sánchez puede incurrir en ‘desviación de poder si, como pretende, concede indultos a los golpistas catalanes con el objetivo de asegurarse los votos de UP y ERC para permanecer en el poder.

'Desviación de poder’ de la que podría derivarse el delito de prevaricación por utilizar ‘espurios’ objetivos, ajenos al interés público o general con el decreto de los indultos. Los que, como dice Tomas Ramón Fernández, deben ampararse en las razones de justicia, equidad o utilidad pública, que exige la Ley de 18 de junio de 1870.

Y que no se pueden reducir a una mera intervención ‘retórica’ -con alusión a la concordia en Cataluña y no en toda España’-, porque en la motivación de los indultos se ha de tener en cuenta el “apoyo real reconocible en los elementos formales que correspondan al expediente...”. Es decir y sobre todo el implacable Informe preceptivo de Tribunal Supremo contrario a los indultos.

‘Expediente’ donde además figuran como hechos públicos y reconocibles las declaraciones de los condenados en las que no hay arrepentimiento sino la amenaza de la reincidencia en el golpismo, además del rechazo de los indultos para parte de algunos condenados (como Cuixart o Junqueras).

De lo que se deduce que los indultos, como dice Tomas Ramón Fernández, pueden incurrir en un ‘interés constitutivo de una desviación de poder’. Lo que se vería afectado por el artículo 70 2. de la LJCA donde se escribe, en relación a la imparable impugnación de los indultos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo:

‘La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico’.

Lo que a todas luces parece cierto por el beneficio personal de permanencia en el poder que pretende Sánchez con los indultos. Y lo que, por otra parte, anularía los decretos de los indultos al tiempo que podría dar paso a una querella por ‘prevaricación’ contra el presidente Pedro Sánchez’, como el autor de la ‘desviación de poder’ y beneficiario de este ‘auto indulto’, tal y como lo sugiere el Informe del Tribunal Supremo, una vez que la ‘utilidad publica -para el conjunto de España-, el arrepentimiento y la no reincidencia’ no existen.