El Ministro de Justicia contra la Justicia

El ministro de Justicia Juan Carlos Campo se ha dejado barba para ocultar la cara que se le cae de vergüenza por la fechorías que está llevando a cabo en su departamento con el solo objetivo y argumento de pagar a Bildu, ERC y PNV los votos para aprobar los PGE de Pedro Sánchez que ha negociado Pablo Iglesias.

El ministro Campo reconoce que todas las reformas y actuaciones que se están planteando en su ministerio son para pagar el apoyo de los golpistas catalanes a los PGE, cuando en declaraciones a El País, asegura que la reforma del delito de sedición no se habría planteado si no fuera por causa de las condenas del Tribunal Supremo a los golpistas del procés. Es decir que la reforma se va a producir para facilitar que los golpistas salgan de la cárcel.

Y lo mismo ocurre con los indultos que el Gobierno pretende conceder a los presos golpistas condenados por sedición y malversación que Campo ya da por hechos despreciando la posibilidad que la Fiscalía y el Tribunal Supremo se declaren en contra de los indultos por la falta de arrepentimiento de los delincuentes en cuestión y la amenaza de un nuevo golpe de Estado cuando dicen que ‘lo volverán a hacer’.

Luego ha presumido Campo (‘Campo Santo’ judicial) de que el PP ya está dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que ha sido desmentido inmediatamente desde la sede del PP. Pero también para esto tiene Campo su medicina: relanzar la reforma de La Ley Orgánica del Poder Judicial, que está bloqueada porque la UE la declaró incompatible con las exigencias democráticas europeas y el envío a España de fondos de la UE.

Un relanzamiento que volvería a ser denunciado en la UE y con el que nos amenaza Pablo Iglesias ante la insistencia del PP de que en el CGPJ no puede haber consejeros afines a Podemos y ERC.

Y no digamos a Bildu de los que Iglesias afirma ahora que su apoyo a los PGE es motivo de alegría para la vida democrática del país. E imaginamos que por ello Sánchez ha decidido cerrar, en honor de Bildu, el cuartel Loyola del Ejército en San Sebastián. Cuartel del que fueron asesinadas un total de 17 personas a manos de ETA, la organización de la que emana Bildu, la que sigue sin condenar su terrorismo y la que aplaude Iglesias.

Pero para reforzar la suplantación de los tribunales con reformas e indultos y lograr el control absoluto de la Justicia en el caso de que la UE continúe con su bloqueo Campo (‘Campo Santo’, judicial) tiene otra alternativa: la reforma de la ‘Ley de enjuiciamiento criminal’. Para que sean los fiscales, y no los jueces, quienes se encarguen en los procedimientos judiciales de hacer la investigación judicial. A sabiendas Campo que dichos fiscales dependen del Gobierno, no son independientes y en la actualidad están a las órdenes de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, hasta hace poco la ministra de Justicia de Sánchez y a la vez diputada del PSOE.

Y a sabiendas, también, Campo de que hoy en España no hay suficientes fiscales para proceder a la investigación (hay el doble de jueces), cuestión que tampoco le preocupa porque está claro que son ciertos procedimientos judiciales y delitos los que al Gobierno de Sánchez le gustaría ‘fiscalizar’, y nunca mejor dicho lo de ‘fiscalizar’.

Está claro que Campo quiere pasar a la historia del ministerio de Justicia como el peor de la Democracia y el ministro que liquidó la independencia judicial, manipuló las leyes y tribunales alterando incluso el sentido y alcance de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado catalán.

Con unos indultos, en contra de los fiscales y magistrados del alto Tribunal Supremo, que dañan el prestigio del Tribunal en España y en Europa y que solo sirven para comprar los votos de ERC y PDeCAT a los PGE, y para que el separatismo catalán pueda decir que el Gobierno de Sánchez ha tenido que rectificar una sentencia injusta y fuera de lugar.