Europa y el TC impedirán la reforma del Poder Judicial

El Gobierno de Pedro Sánchez se equivoca gravemente al promover una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le otorga al poder Ejecutivo el control absoluto del Poder Judicial, con lo que se rompe la débil línea roja de la separación de los Poderes del Estado en menoscabo del ‘consenso’ y espíritu’ constitucional que se incluye en la citada Ley de 1985.

Así lo ha explicado y subrayado en un preclaro artículo, publicado en el diario El País (15/ X/ 2020), Manuel Aragón, prestigioso catedrático y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Cuyo docto criterio da a entender que el Tribunal Constitucional tiene, si se presenta recurso como anuncian PP y Cs, motivos suficientes para derribar el proyecto de Ley.

El que inquieta y con razón a las instituciones de la Unión Europea desde donde ya se ha advertido al Gobierno de España que ‘hay que reducir la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial’. A la vez que se anuncia que desde la Comisión Europea y el Parlamento de la UE se hará un atento seguimiento de la pretendida reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que ha provocado inquietud y malestar al Gobierno de Sánchez e Iglesias desde donde se acusa a la oposición del PP y Cs de actuar de manera anti patriota en contra de los intereses de España, en caso de que la anunciada reforma del Gobierno acabe provocando un veto a las previstas transferencias de fondos de la UE a España. En línea con lo que ocurre con los ataques al Estado de Derecho en Polonia y Hungría.

El problema planteado tiene una difícil marcha atrás tras la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE y UP. Pero el Gobierno debe recular y a lo más intentar un pacto con el PP para la renovación del Poder Judicial, que lleva 20 meses de retraso. Lo que no es una novedad porque en años anteriores, y como lo recuerda Aragón, el PSOE bloqueó la renovación del CGPJ durante tres años.

Fue Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno, quien a raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 pronunció con descaro la frase de ‘Montesquieu ha muerto’. Porque en la nueva Ley, ahora en vigor, se otorgaba al Parlamento (por la decisión de las tres quintas partes de sus diputados) la elección de 12 Consejeros del CGPJ (el 60 %) reduciéndose a 8 los Consejeros elegidos por cuerpos judiciales.

De esa manera el poder Legislativo, con especial influencia en la cuota parte mayoritaria del Ejecutivo en ese reparto, controlaba la mayoría del CGPJ, en menoscabo de los consejeros elegidos por la judicatura. Y es esa situación moderada por el porcentaje de las tres quintas partes del Congreso de los Diputados la que ahora Pedro Sánchez ha decidido empeorar reduciendo a la mayoría absoluta de 176 diputados el límite necesario para nombrar la mayoría de Consejeros del Poder Judicial.

Se trata, sin lugar a dudas, de un golpe de mano de Sánchez e Iglesias para el control absoluto de la Justicia en menoscabo de la deteriorada vida democrática española. Y en línea con la vulneración en marcha por este Gobierno de otros consensos constitucionales como la llamada ‘Mesa de Diálogo’ y su ‘relator’ en Cataluña. O el nombramiento en la Fiscalía del Estado de la ex ministra Delgado y los recientes vetos y ataques al Jefe del Estado desde dentro del Gobierno de la nación.

A Sánchez y a Iglesias la calidad democrática y constitucional de este país les importa un pimiento. Sánchez porque todo lo supedita a seguir en el poder, e Iglesias porque su objetivo consiste en destruir los pactos constitucionales de la Transición.

Pero esta vez Sánchez e Iglesias han ido demasiado lejos y demasiado rápidos para desbordar desde el Gobierno los límites de la legalidad constitucional en el ámbito del Poder Judicial y si continúan por ese camino van a tener en su contra a la UE y al Tribunal Constitucional.

Y conocidas las maneras autoritarias con las que se maneja Sánchez, y que jalea Iglesias, se puede decir sin error que lo anti patriótico es la

pretendida por el Gobierno burda reforma de la Ley del Poder Judicial y no su denuncia ante el Tribunal Constitucional y las instituciones de la UE que debe de estar muy atenta a lo que en España pueda pasar.