Batalla campal: 8-M contra residencias de Madrid 

El Gobierno y la Oposición están librando una dura batalla política judicial y mediática -El Mundo contra El País- en torno a la gestión por unos y otros de la crisis sanitaria en dos frentes simultáneos: la manifestación feminista del día 8 de Marzo (8-M) en Madrid; y las muertes de miles de ancianos en las residencias madrileñas de la tercera edad. Dos graves acontecimientos de los que se pueden derivar responsabilidades políticas y penales.

Según la Oposición el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó de una manera temeraria y con grave riesgo para la salud pública la manifestación del 8-M en Madrid, a pesar de que el Ejecutivo ya conocía el impacto del COVID-19 en España, lo que provocó en la manifestación cientos o miles de infectados y una ola expansiva del virus en la Comunidad de Madrid.

Y buena prueba de ello está en que sólo entre las ministras del Gobierno que acudieron a la manifestación tres de ellas (Calvo, Darías e I.Montero y la esposa del Presidente B. Gomez) resultaron infectadas.

El Gobierno podría haber incurrido en un delito de prevaricación por estos hechos que investiga la juez Carmen Rodríguez Medel contra la que este Gobierno de Sánchez ha lanzado una brutal ofensiva, política, mediática (El País y La Sexta TV) e institucional, utilizando la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Ministerio de Interior y la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que se ha convertido en un instrumento provocador.

Y el episodio más grave ha sido el intento del ministro Marlaska de abortar el informe que la ‘policía judicial’ que la Guardia Civil estaba elaborando sobre el 8-M a petición de la juez Rodríguez Medel, cuyo secreto obligado protegía el coronel Diego Pérez de los Cobos, motivo por el que fue cesado del cargo de Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por negarse a caer en el delito de ‘revelación de secretos’ que exigían los mandos del ministerio de Interior.

Asunto este último, con mentiras incluidas de Marlaska en el Parlamento, denunciadas por los medios conservadores (El Mundo, La Razón y ABC) que tendrá sus consecuencias judiciales y puede que penales. Lo que sería muy grave para el Gobierno y veremos si lo aborda el juzgado de la magistrada Rodríguez Medel.

La que también tiene en su poder el informe del ‘forense’ que analizó el 8-M, confirmando los graves riesgos de dicha concentración. Como tiene la Juez -que imputó al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco- las declaraciones furtivas a ETB de la ministra Irene Montero donde daba a entender que el Gobierno sabía el 8-M que el virus estaba en España y que por ello hubo menos manifestantes.

Esta investigación del 8-M y las mentiras del Gobierno sobre el número de muertos por el COVID-19 en España, que el Ejecutivo sitúan en poco más de 27.000 cuando entidades solventes como el INE hablan de 47.000 fallecidos, son piezas fundamentales para valorar la gestión sanitaria del Gobierno. Y de esta última se desprende que España es el país con el mayor número de muertos por habitantes del mundo en la crisis del COVID-19.

Para tapar todo esto y arrinconar a la Oposición, el Gobierno y sus medios más agresivos El País y La Sexta TV, se han lanzado a fondo en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero a los que acusan de responsabilidades de corte político y penal en la gestión de la crisis de las residencias de mayores de Madrid donde murieron cerca de 6.000 ancianos.

Y muchos de ellos en dramáticas condiciones y como consecuencia de no haber sido trasladados a hospitales madrileños por causa de un Protocolo enviado a las residencias por el Gobierno de Madrid, como norma general, en el que se recomendaba que los ancianos infectados por el COVID-19 y con problemas de ‘dependencia y discapacidad’ no fueran a los hospitales.

Estos hechos, que denunció el consejero de Asuntos Sociales de Madrid, Alberto Reyero, que advirtió a su compañero de Sanidad, de que dicho Protocolo era ‘ilegal’, fueron negados por la presidenta Ayuso que mintió diciendo que ‘nunca hubo un Protocolo sino un ‘borrador’ que además no se envió a ningún sitio’. Lo que resultó falso porque luego su consejero de Sanidad la rectificó diciendo que ese Protocolo había sido un ‘error’.

Además ya se han presentado, por familias de ancianos fallecidos en las residencias madrileña, varias querellas y alguna de ellas ante el Tribunal Supremo, dado que Ayuso está aforada.

Así pues está planteada al día de hoy la batalla campal política, judicial, institucional y mediática de la sanidad en España y en Madrid, entre el Gobierno y la Oposición. Batalla que va a seguir en medios, tribunales.

Lo que viene a demostrar la falta de unidad y la confrontación en esta crisis sanitaria en la que el Presidente Sánchez se negó a decir la verdad -para ocultar sus errores- y a unir a todo el país exigiendo el apoyo a ciegas de la oposición. Crisis en la que, en el caso de las residencias madrileñas de ancianos, la presidenta Ayuso tiene su responsabilidad por una pésima gestión. Las espadas siguen en alto y la batalla campal continuará.