El Rey emérito Juan Carlos I, investigado

Lo que nos faltaba en esta crisis sanitaria, económica y social española: el Rey emérito Juan Carlos I está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, por su condición de aforado en la Sala Segunda del alto Tribunal,  y como consecuencia de los indicios de presuntos delitos fiscal y blanqueo de capitales tras el pretendido cobro, por el Rey Emérito, de comisiones en la adjudicación y construcción del AVE a La Meca en Arabia Saudí.

Lo que pudo haber ocurrido tras su abdicación del 14 de Junio de 2014, y parece resultar de actuaciones que, a finales de 2018, quedaron abiertas por la Fiscalía Anticorrupción tras el archivo de unas primeras investigaciones que se llevaron a cabo en la Audiencia Nacional, pero dejando abierta en el caso la posterior investigación fiscal.

La que ahora ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo que sin duda es independiente y que, si decidió abrir una investigación al Rey Juan Carlos I, es porque considera existen indicios suficientes para llevarla a cabo. Para finalmente decidir entre dos opciones: archivar el caso si considera que los indicios de delito no son relevantes; o presentar una querella imputando al Rey emérito.

Si está segunda opción fuera la definitiva, los abogados de Juan Carlos I, pueden negociar con el fiscal y pactar una ‘sentencia de conformidad’ (como las de los futbolistas famosos) con una importante multa, pero evitando: el juicio; y que el Rey acuda al Tribunal Supremo a declarar.

Una situación que, independientemente de la decisión final de la Fiscalía y de lo que en su momento decidiera el TS, constituye un blasón y deterioro de la figura de Juan Carlos I. Y de lo que fue su reinado y su muy importante e histórica aportación en los años de la Transición.

Sin duda un lamentable episodio que erosiona la imagen y el prestigio de La Corona -como ya ocurrió en el caso Urdangarín, en el que el Rey emérito no fue ajeno- aunque no afecta a Institución como tal que, de manera ejemplar y sin tacha alguna, encarna el Rey Felipe VI desde asumió, a mediados de junio de 2014, la Jefatura del Estado.

Desconocemos qué papel ha jugado en estas actuaciones la ex ministra de Justicia y actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a sabiendas que está a las órdenes directas del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que, sin duda alguna, ha conocido este ‘procedimiento fiscal’ antes de que se hiciera público.

Pero creemos que la Fiscalía del Tribunal Supremo está actuando con una absoluta independencia y de acuerdo con la ley. Por lo que, en un principio, no cabe imaginar conspiración alguna contra la Monarquía, aunque tampoco descartamos que este incidente procesal sea utilizado por los sectores más radicales de la izquierda (Podemos e IU) y el soberanismo nacionalista para relanzar la causa de la República.

Estos hechos, por los que ahora se investiga al Rey Juan Carlos I, ya eran conocidos en España y fueron objeto de informaciones y debates políticos. Y también se conocían en la prensa europea (el diario Le Monde publicó hace días en su portada un reportaje titulado ‘El aura perdida de Juan Carlos’).

Y precisamente por ello el Rey Felipe VI renunció meses atrás a la herencia de los fondos de su padre Juan Carlos I, y le retiró al Rey Emérito toda la asignación de fondos públicos que recibía del Palacio de la Zarzuela.

Pero existía la duda de si estos hechos llegarían un día a los Tribunales de España y de algún otro país europeo (hay investigaciones en Suiza y Reino Unido), y esa incógnita la acaba de despejar con un claro ‘sí’ la Fiscalía del Tribunal Supremo. La que solo se puede investigar lo ocurrido después de la abdicación del Rey Juan Carlos I porque lo ocurrido antes, en su reinado, está amparado por su ‘inviolabilidad’ constitucional.

Pero esa ‘inviolabilidad’ no impedirá el juicio público de sus actuaciones nada ejemplares en los años de reinado de Juan Carlos I por parte de los políticos, la opinión pública y medios de comunicación a los que no afecta dicha ‘inviolabilidad’.

Años en los que los distintos Presidentes del Gobierno de España -desde Felipe González a Mariano Rajoy- debieron de estar muy vigilantes y haber impedido cualquier operación, que conocieran, del monarca ahora emérito que no se ajustase a la estricta legalidad.

Lo que no se hizo, a igual que con muchas corrupciones de los partidos políticos, y lo que ahora sin duda ya tiene consecuencias aunque falta por saber si se llegará a juicio lo que sería para el Rey emérito sería una pésima noticia a la espera de la sentencia final.