El cerco judicial se estrecha

Una reciente información cuenta que el director del CCAES, Fernando Simón, adjunto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ocultó el 2 de marzo una advertencia sanitaria de la UE a las CC.AA. y luego a la juez Carmen Rodríguez Medel que investiga si hubo negligencia alguna en el Gobierno de Pedro Sánchez al autorizar la manifestación feminista del 8-M en Madrid.

Esta ocultación de Simón, a sabiendas del riesgo de contagio del virus en la  manifestación del 8-M en Madrid pone bajo sospecha tanto al ministro de Sanidad, Illa, como a su director del CCAES, Simón.

Sospechas que se suman a las que se ciernen sobre al ministro de interior Fernando Grande-Marlaska, quien para abortar la investigación de la juez Rodríguez Medel sobre el 8-M, cesó al coronel Diego Perez de los Cobos, por negarse a informar al Gobierno de Pedro Sánchez de las pesquisas que sobre el 8-M había descubierto la Guardia Civil adscrita a la policía judicial y que depende exclusivamente de la juez del 8-M, Rodríguez Medel.

De todo esto se deduce que el Gobierno de Pedro Sánchez pudo incurrir en prevaricación si autorizó las manifestaciones feministas del 8-M a sabiendas del alto riesgo de contagio del virus, primando sus posiciones ideológicos de apoyo al feminismo. Y poniendo en riesgo la enfermedad y las vidas de cientos de personas en Madrid. Como se desprende de la sola muestra de contagio en esa manifestación de tres ministras del Gobierno y de la esposa del Presidente.

Así se se desprende de las declaraciones furtivas de la ministra Irene Montero a ETB -‘no lo voy a decir’, dijo luego-, de las que se desprende que el Gobierno conocía el riesgo de dicha manifestación pero la mantuvo por motivos políticos e ideológicos.

Y ello a pesar de que fueron avisados por la OMS y la UE el ministro Illa y el director Simón. De lo que también se deduce que la manifestación del 8-M pudo ser importante onda expansiva del virus en Madrid. La que acabó por ser la ciudad más contagiada de la epidemia. Aunque también influyó la alta concentración ciudadana y el número de habitantes.

En todo caso, la manifestación fue un temerario disparate y un error como otros de gestión sanitaria que han llevado a España al récord mundial en el número de muertos por habitante. Aunque el Gobierno niega la evidencia y cifra los fallecimientos en 28.000 mientras el INE y otras entidades públicas cifran el número de fallecidos en 47.000.

De ahí el lógico temor del Gobierno de que los ministros Marlaska, Illa y el director Simón puedan ser en un futuro no lejano acusados de varios delitos (prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia), echando por tierra el discurso de Sánchez de la buena gestión de la epidemia por su Gobierno y dando la razón a las denuncias de la oposición.

El cerco informativo y judicial se estrecha poco a poco sobre las mentiras y muy altas responsabilidades de Sánchez, Marlaska, Illa y Simón, a pesar de que los propagandistas del Gobierno se esfuerzan en tergiversar y desmentir todo y en echar las culpas de cuanto ocurre o ha ocurrido a la oposición.

Por ejemplo: el pacto del PSOE con Bildu fue culpa del PP que no quiso apoyar la quinta prórroga del Gobierno sobre el estado de alarma; el PP, Cs y Vox atacan a Marlaska porque el ministro está investigando la llamada ‘policía patriótica’ del Gobierno de Rajoy’; la Oposición ataca el 8-M porque odia al feminismo; y la crisis de la Guardia Civil se debe a la crispación del PP y Vox que buscan un golpe de Estado para dar un vuelco a la situación.

Eso dicen en Moncloa y lo jalea su aparato de propaganda sin vergüenza ni pudor.