Marlaska acorralado y el coronel ‘vela sus armas’

La agonía política del ministro Marlaska va a ser larga y dolorosa porque ha perdido la decencia con su abuso de poder y los presuntos delitos que ha cometido en el cese, ilegal y por defender la legalidad, del coronel Pérez de los Cobos. Delitos de prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia que pueden caer sobre las espaldas del Marlaska político y juez.

Y no solo por las querellas que emanan de la sociedad civil o de partidos políticos de la oposición, que ya están en los tribunales. Sino también por la querella que, contra Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez y la Directora de la Guardia Civil, María Gámez, presentará -cuando agote su recurso por la vía administrativa-, el propio coronel Diego Pérez de los Cobos que está preparando su próxima e implacable denuncia judicial.

Marlaska está acabado desde que apareció el escrito de cese de la Directora de la Guardia Civil, María Gámez, y no ha tenido el valor y la honradez de dimitir lo que le deja prácticamente fuera de la legalidad.

Y a partir de ahora también carece de ‘autóritas’, autoridad moral, para mandar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en cuyos mandos se sabe, incluso antes de aparecer el ‘escrito confesión’ de la Directora Gámez, el alcance del atropello llevado a cabo contra el coronel Pérez de los Cobos.

El que, como castigo, fue trasladado a ‘la intervención central de armas’ en un gesto más de humillación al prestigioso mando de la Guardia Civil, que se negó a obedecer una orden ilegal. En semejante destierro el coronel ‘velará sus armas’ legales, como los Caballeros velaban las suyas antes de recibir el honor de su título.

Pero el combate singular y legal que el coronel prepara en la defensa de sus derechos y honor, no es ajeno al fondo del gran problema político y legal que envuelve esta crisis y que preocupa y mucho al Gobierno de Pedro Sánchez como ayer se vio en el debate del Congreso sobre la aprobación de la sexta prórroga del Estado de alarma.

Allí Sánchez, por hacer una gracia, dio en el clavo al decir ‘¡viva el 8-M!’ porque con esa chulería y provocación el Presidente señaló el fondo de la cuestión que investiga la juez Rodríguez Medel y por la que ya ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Un primer paso de la investigación sobre si el Gobierno de Sánchez autorizó el 8-M las manifestaciones feministas a sabiendas del riesgo de contagios del virus que ello incluía, como se vio en las tres ministras infectadas y lo acaba de reconocer a ETB la ministra Irene Montero.

Porque si la juez considera que este Gobierno autorizó la manifestación del 8-M en Madrid, sabiendo que la epidemia crecía en España y que el riesgo de contagio era real, en ese caso los ministros de Sanidad, Illa, su director Simon, el ministro de Interior, Marlaska, y su delegado del Gobierno en Madrid, Franco, podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación y de atentado contra la salud pública.

Y en ese momento se hundiría cual castillo de naipes todo el discurso de Sánchez sobre su pretendida buena gestión de la epidemia y sus mentiras sobre el número de muertos y les lloverían querellas de las familias de los fallecidos por contagio en las manifestaciones del 8-M.

El Gobierno lo sabe y lo teme y por ello desde La Moncloa encargaron a Marlaska que presionara al coronel Pérez de los Cobos para saber cuál era el contenido del informe que preparaban para la juez los miembros de la Guardia Civil adscritos a la ‘policía judicial’. A lo que el coronel se negó porque era ilegal. Y ahí comenzó la caza y el calvario del coronel.

Pero el escrito de la Directora de la Guardia Civil, María Gámez, descubrió el pastel y ha dejado a Marlaska (y a ella misma) convertido en un zombi. En un muerto/vivo que el Gobierno utiliza como pobre parapeto y último eslabón a ver si mientras tanto aguanta en pie su frágil castillo de naipes que apuntala a duras penas con sus aliados de UP, ERC, PNV y Bildu. Un castillo frágil que en realidad está construido sobre la mentira, presuntos delitos y abuso de poder.