Renta básica y despilfarro público

El Gobierno de Pedro Sánchez, a instancias de Pablo Iglesias, aprobó ayer un sueldo de renta básica para combatir la pobreza extrema con 461 euros por persona adulta y 1.015 euros para familias con dos o tres hijos, lo que beneficiará a unas 850.000 familias a partir del próximo 15 de junio con un coste anual para las arcas públicas de 3.000 millones de euros.

Y puede que también por causa de los posibles ‘intrusos’ que aspirarán a beneficiarse de estos fondos y que operan habitualmente en la llamada ‘economía sumergida’. Motivos todos ellos por el que puede que se acaben doblando las cifras hasta los tres millones de personas y los 6.000 millones de gasto público anual.

En todo caso, este Gobierno del PSOE y UP ha tomado una buena decisión que en su día no tomaron los gobiernos del PSOE (con Zapatero) ni del PP (con Rajoy) durante los años de la crisis financiera que estalló en 2008 y en la que asistimos al abandono público de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española.

La decisión sería más justa si, paralelamente, el Gobierno hubiera anunciado una reducción del gasto público relativo a la clase política con reducción de los cargos públicos: ministerios nacionales y consejerías autonómicas y los miles de asesores políticos pagados con dinero del Estado.

A lo que se debería de añadir una drástica reducción del número actual de diputados nacionales y autonómicos, concejales y diputados provinciales, porque buena parte de todos estos cargos son innecesarios y sólo sirven para colocar a dirigentes y militantes de los partidos políticos. Y en muchos casos con sueldos escandalosos que incluso superan el salario del propio presidente del Gobierno.

Y a no perder de vista los cargos superfluos e innecesarios de todas y cada una de las empresas públicas que son miles en los que los partidos políticos colocan a sus dirigentes y militantes como lo acabamos de ver en Enagás.

Y todo ello debería completarse con una reestructuración del Estado de las Autonomías cuya ineficacia e incapacidad ha quedado en evidencia en esta crisis como se ha visto en las materias de Sanidad, Educación y Justicia.

Pero mucho tenemos que los partidos políticos, insaciables en su gasto y proclives al ‘clientelismo’ a costa de las arcas del Estado, no estarán en disposición de hacer las necesarias reformas de la enorme e innecesaria en muchos aspectos Administración del Estado.

Pero puede que esté tiempo, de ingente déficit público y deuda del Estado, sea el oportuno para reconducir el gasto público y político en beneficio del conjunto de los españoles y del gasto social. El que ahora va a recibir una solidaria ayuda pública para las personas y familias más desfavorecidas del conjunto de la sociedad.