Marlaska, mentiras, prevaricación y revelación de secretos

Penosa, mentirosa y políticamente indecente la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que intentó explicar el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid el coronel Diego Pérez de los Cobos, como consecuencia de una reestructuración de su ministerio.

Una burda patraña cuando ya era del dominio público que dicho cese fue una represalia de Marlaska por negarse Pérez de los Cobos a revelar el contenido del informe que, a petición de la juez Carmen Rodriguez Medel, había elaborado sobre la manifestación feminista del 8 de marzo.

Un informe y una actuación del ministro de los que podrían desprenderse responsabilidades penales para Marlaska por los delitos de prevaricación y amenaza para la revelación de secretos, en los que también podrían estar incursos el ministro de Sanidad, Salvador Illa y su colaborador Fernando Simón.

Y también la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez la que, al parecer, exigió a Pérez de los Cobos que le revelara el contenido del informe sobre el 8-M. A lo que se negó el coronel argumentando que eso le estaba prohibido por Ley, dado que actuaba como ‘policía judicial’ a las órdenes de una juez. Lo que fue considerado por la Directora General como una pérdida de confianza que motivó su cese.

La oposición de PP, Cs y Vox piden el cese del ministro a Marlaska que pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y revelación de secretos  al autorizar la manifestación del 8-M (por la que está imputado el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco) y por haber pedido -a través de la Directora General de la Guardia Civil-, que revelará el contenido del informe sobre el 8-M a la juez y posteriormente haber cesado a Pérez de los Cobos.

Presuntas responsabilidades penales del ministro Marlaska de las que ha intentado zafarse con burdas mentiras, y en las que en el caso del delito de prevaricación también podrían verse afectados el ministro de Sanidad Illa y su director Simon.

Sobre todo si la jueza Carmen Rodriguez Medel considera que se autorizó la manifestación del 8-M a pesar a sabiendas del riesgo de contagio del virus. Lo que está demostrado aunque sólo sea por los contagios de las ministras C. Calvo, I. Montero y C. Darías y de la esposa del Presidente, B. Gomez. Las que ivan en la cabecera de la manifestación en compañía del propio F. Marlaska.

Para hacer frente a esta situación, y a la investigación de la jueza Rodríguez Medel, el Gobierno ha subrayado errores del citado informe del 8-M y han manipulado el hecho de que tanto Illa como Simon prohibieran, tres días antes de la manifestación del 8-M, a la Iglesia Evangelista unas reuniones que se iban a celebrar en marzo en Madrid, con el argumento de que a ellas podrían acudir personas provenientes de países considerados de riesgo. Pero ¿acaso no era posible que a la manifestación del 8-M también podían acudir, como ocurrió, personas infectadas en España y en otros países?

Los ministros Marlaska e Illa autorizaron la manifestación del 8-M a pesar del riesgo de contagios del que eran sabedores y conscientes por evidentes motivos de complicidad política e ideológica del Gobierno con el feminismo. Lo que supuso, sin duda alguna, una importante ola expansiva del virus en Madrid. Como ocurrió con la Asamblea de Vox y con otros acontecimientos deportivos autorizados ese mismo día.

Marlaska, que ya se vio inmerso en el escándalo de las órdenes que dio a la Guardia Civil para investigar en Internet a quienes criticaban como mala la gestión sanitaria del Gobierno, ha vuelto a dañar el prestigio de la Guardia Civil -lo que ha querido compensar con una ‘oportuna’ subida de sueldo- y el de la Justicia. Y, por supuesto, se ha puesto en evidencia y en riesgo de ser imputado por delitos que podrían poner punto final a su carrera política y judicial. Lo que, visto lo ocurrido, no estaría nada mal.