Podemos ‘decreta’ prohibir los despidos

El artículo 38 de la Constitución Española, la que Pablo Iglesias cita sólo para lo que le conviene, dice así: ‘Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación’. Y en el artículo 33 de la misma Carta Magna se dice: ‘Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia’.

Pues bien tenemos la impresión de que ambos artículos pueden verse ahora afectados por el anuncio hecho por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la mayoría de los titulares de los medios naturales simplifican diciendo que el Gobierno prohíbe los despidos en las empresas, con el argumento de que se pueden acoger -las que puedan- a los ERTEs, que ahora cuentan con importantes ayudas económicas del Estado.

Esta decisión que se apunta como un triunfo el sector de Unidas Podemos en el Gobierno y que se inscribe en el marco del decreto para la renovación del ‘Estado de Alarma’, merece ser estudiada con todo detalle una vez que el BOE publique toda la normativa al respecto.

Pero de entrada da la impresión que estamos asistiendo a una ‘intervención’ parcial, pero intervención, de empresas españolas por el Gobierno, lo que de confirmarse podría constituir una desviación del marco constitucional.

Sobre todo porque, aparentemente y una vez que conozcamos los detalles y el completo alcance de este apartado del Decreto, tan llamativa decisión les impide a los empresarios, que no puedan practicar un ERTE en el conjunto de su empresa, o en aquellos departamentos que, por causas de la actual crisis o por motivos anteriores hayan dejado de tener actividad productiva, actuar con libertad en el marco vigente normativa laboral.

Y si a esa parte de la empresa, que en la práctica no existe, les obligan a incluirla en un ERTE general, el coste proporcional que deberá pagar en ese caso el empresario puede poner en riesgo la supervivencia de la empresa.

Y este puede ser sólo un caso de una medida aún por descifrar que se nos presenta desde el flanco radical del Gobierno como un triunfo de Podemos, en línea con su discurso de salir de la crisis por la izquierda ‘protegiendo a los pobres’ y no por la derecha ‘protegiendo a los Bancos’, como se hizo en la crisis financiera de 2008.

De esa manera Pablo Iglesias pretende presentarse como el Robin Hood de los pobres, dejándole a Pedro Sánchez el papel de ‘Juan sin tierra’ en este pretendido relato social de la gestión de la crisis por el Gobierno.

Insistimos en que habrá que estar atentos a los detalles y normativas que han de regular estos aspectos laborales y empresariales de la aplicación del Decreto del Gobierno. Pero cabe sospechar que el Gobierno se ha excedido y que está rozando los límites del marco constitucional.