Máxima preocupación por la sentencia y su cumplimiento 

Crece la inquietud y la máxima preocupación por el contenido y por la posterior aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe catalán del otoño de 2017. Preocupa, para empezar, que se haya filtrado parte del fallo del Tribunal, que habla de la ‘sedición’ como el delito que habría logrado la unanimidad de los magistrados del Tribunal juzgador.

Preocupan las posibles rebajas de las penas relativas a los delitos que se imputen a los condenados. Y preocupa mucho que los presos condenados por el Tribunal Supremo, corte de ámbito nacional, pretendan cumplir las penas dictadas en presiones catalanas y bajo la administración penitenciaria de la Generalitat que está en sintonía con los posibles condenados, y que podría aplicar un inmediato ‘tercer grado’ de semi libertad a todos los que resulten condenados.

Lo ocurrido en los pasados meses en la prisión de Llenoders catalana con los principales presos preventivos del ‘procés’, que han disfrutado de un escandaloso régimen especial y discriminatorio con otros reclusos, podría reproducirse con una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Y, por supuesto, preocupa que, como han publicado algunos medios, en la sentencia y aunque se descarte el delito de rebelión, por los que consideren que la violencia ocurrida durante las semanas del golpe no era suficiente, o no era imputable del todo a los autores del golpe, en el texto de la sentencia se incluyan alusiones donde se afirme que los golpistas ‘no atentaron contra el orden constitucional’.

Lo que sería sorprendente cuando se violentó el Estatuto y la Constitución y cuando el 27 de octubre de 2017 se proclamó, a instancias de los máximos gobernantes catalanes, la independencia de Cataluña en el Parlament.

Si algo así ocurriera ello podría dejar en evidencia el discurso del rey Felipe VI de 3 de 2017 donde el monarca aludió a la necesidad de que los poderes del Estado velaran por el ‘orden constitucional’. Lo que se deducía de la denuncia del Rey de las continuas violaciones del Estatuto, la legalidad y la Constitución.

Como sería asombroso que los actos de violencia premeditada -que todos los españoles vimos por televisión-, como los ocurridos en la Consejería de Economía del Gobierno Catalán. Gobierno que durante horas permaneció impasible y callado ante el secuestro de funcionarios públicos y la agresión y el cerco a las patrullas de la Guardia Civil, se considerarán ajenas a dicho Gobierno. El que no solo consintió los hechos sino que de manera calculada tardó en reaccionar, retrasando la intervención de los Mossos de Escuadra y liberando a los funcionarios por una puerta trasera sin ordenar la disolución del tumulto que impedía su libertad.

También preocupa que, el celo del Tribunal por la ‘unanimidad’ en el fallo en lo relativo a la ‘sedición’, excluya votos particulares de los magistrados que han defendido la imputación del delito de ‘rebelión’, porque los jueces han de actuar en conciencia y no de manera ‘colegiada’.

Y por supuesto preocupa y mucho que un posible Gobierno progresista de Pedro Sánchez conceda en un plazo no lejano indultos a los condenados para asegurarse los votos de la izquierda radical y del nacionalismo en la investidura.

Vamos a ver qué dice la sentencia del Tribunal Supremo y vamos a ver cómo y dónde se aplican las condenas. Y veremos también el nivel institucional y político de las protestas que el soberanismo prepara en Cataluña y cuál es la  respuesta del Gobierno de España y de las Fuerzas de Seguridad. Lo que vamos a seguir con la mayor inquietud y con la máxima preocupación por el alcance que todo ello tiene para España y para la unidad nacional.