Los delitos de ‘rebelión, sedición y malversación’ pueden estar en la sentencia del Tribunal Supremo

Empiezan a llegar a las redacciones de los diarios primeras versiones sobre la importante sentencia que el Tribunal Supremo hará pública sobre el juicio de los políticos procesados por el golpe de Estado catalán de 2017 que se hará pública este lunes 14 de octubre.

El diario El País apostó el viernes porque la sentencia “descarta el delito de rebelión consumada”. Lo que puede ser cierto y entra en buena lógica. Entre otras cosas porque toda ‘rebelión’ lo es en grado de ‘tentativa’, porque si es consumada deja de ser rebelión.

No en vano el triunfador del golpe de Estado será dueño y señor del país y de la legalidad. Así ocurrió en España en 1936, cuando los rebeldes con el general Franco a la cabeza, tomaron el poder y acusaron de ‘rebelión’ a los legítimos defensores de la legalidad. Lo que hicieron con ‘las trece rosas’ para decidir su criminal ejecución.

La impresión que tenemos, en este diario, es que la sentencia incluirá en el fallo los dos vocablos de ‘rebelión’, que propone la Fiscalía del Supremo, y de ‘sedición’ que defiende la Abogacía del Estado’. Y todo ello ademas de la ‘malversación y desobediencia’.

Lo que nos llevaría a una imaginativa y equilibrada sentencia ‘salomónica’ que creará jurisprudencia y que garantiza la unanimidad de los magistrados del Tribunal juzgador, tras un laborioso, inteligente y justo consenso logrado por su presidente Antonio Marchena.

Lo que puede significar que la ‘rebelión’ apareciera en la sentencia en grado de ‘tentativa de rebelión’ o de ‘conspiración para la rebelión’. Mientras que la ‘sedición’ sí aparecería -como la ‘malversación’ y ‘desobediencia’- como delitos probados y consumados.

Y en el caso de la ‘sedición’ por los flagrantes hechos del secuestro de funcionarios públicos y el ataque -a la Guardia Civil- con la ‘violencia y tumulto’ ante la sede oficial de la Consejería Económica del Gobierno catalán que entonces regía el vicepresidente Oriol Junqueras, el jefe del golpe, el 21 de septiembre de 2017.

Y todo ello, precisamente, para impedir que se obtuvieran las pruebas que permitieran abortar, en aquel momento y jurídicamente, el referéndum ilegal del 1-O. Y, en consecuencia la posterior declaración de independencia, del 27 de octubre de 2017, en el Parlamento catalán.

En todo caso, lo importante es que la sentencia sea condenatoria e incluya duras penas para los golpistas como consecuencia de los que fueron sus graves delitos contra la legalidad, el Estatuto y la Constitución Española. Lo que sin duda es justo, necesario y entronca con la plena legalidad.