Comienza el juicio del golpe de Estado catalán

Hoy se inicia en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el juicio sobre los presuntos y muy graves delitos del golpe de Estado catalán que el juez instructor y la Fiscalía han calificado de rebelión y de malversación por parte de los principales protagonistas de este proceso.

A los que se acusa de organización criminal para delinquir y para perpetrar lo que a todas luces resultó un golpe de Estado que, de manera premeditada y con violencia, se culminó tras el referéndum ilegal del 1-O de 2017 con la solemne declaración de la independencia de Cataluña en el Parlament el 27-O de 2017, a propuesta del Gobierno que presidía Carles Puigdemont y con votos favorables de PDeCAT, ERC y CUP.

Y todo ello tras desobedecer, desde el pasado 6 y 7 de septiembre de 2017, las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió y advirtió de la gravedad de unos hechos que se iniciaron con las leyes ilegales catalanas de convocatoria de referéndum y desconexión del Estado. Lo que incluía el delito de ‘desobediencia’ al TC y culminaba, a sabiendas de los autores, la violación de la legalidad, el Estatuto de Autonomía y la Constitución.

Estamos pues ante el juicio merecido a unos políticos golpistas, y más que presuntos delincuentes que han pretendido romper la unidad de España y que, sabiendo de las graves consecuencias –advertidas por el TC- de sus hechos pretendieron imponer en Cataluña una República independiente, al margen de la legalidad española y europea.

Y sin la menor garantía democrática ni base mayoritaria social y con un ilegal y falso referéndum ajeno a todo control democrático. En el que sus promotores, provocaron actos de violencia similares a los que en los días anteriores se llevaron a cabo contra los tribunales y la Guardia Civil en la Consejería de Economía que dirigía el vicepresidente Oriol Junqueras.

Un Junqueras que fue el artífice y planificador del golpe de Estado, en el que se utilizaron las instituciones y dinero público de la Generalitat, y en cuya cabecera política se situaba el presidente Carles Puigdemont.

El fugado de la Justicia y que, en el día anterior al golpe de 26-O, dudó sobre la gravedad de la decisión e incluso pensó disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas evitando la consumación del golpe. Lo que finalmente no hizo Puigdemont porque Junqueras y sus huestes le acusaron de traidor, por lo que Puigdemont reculó y puso en marcha la declaración de independencia y poco después se dio a la fuga.

No estamos, como dice la propaganda de los golpistas (y lo declara Pablo Iglesias desde Podemos), ante ‘presos y exiliados políticos’ que van a ser juzgados, sino ante unos golpistas y los presuntos y graves delitos de una trama criminal y de unos muy presuntos delincuentes que lo serán pronto de manera legal cuando llegue la inevitable sentencia.

Lo que parece haber olvidado y desprecia el Presidente de Pedro Sánchez al negociar la soberanía nacional con aquellos que pretenden continuar o renovar el golpe de Estado, como lo ha anunciado el propio Quim Torra desde el actual gobierno de la Generalitat.

Un Torra con el que el Ejecutivo de Sánchez abrió una burda e indecente negociación institucional con el solo objetivo de conseguir la aprobación de los Presupuestos de 2019 que permitiría a Sánchez seguir en el poder hasta mediados de 2020.

Todo apunta a que los procesados se acogerán al derecho a no declarar y por lo tanto a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular (la Abogacía del Estado ya ha sido devaluada por Sánchez), y que solo responderán a sus abogados para utilizar el juicio como trampolín de propaganda golpista. Pero las pruebas documentales son abrumadoras y los testigos y diligencias previas no dejan lugar a duda sobre su clara y delictiva responsabilidad.

Porque imaginar un gesto de gallardía de los golpistas reconociendo los hechos, que a la vista están, y sus responsabilidades porque ello sería tanto como exhibir un mínimo de dignidad y coherencia con el golpe de Estado que dieron y fracasado. El que de manera cobarde y mentirosa negaron y pretendieron devaluar en la fase de instrucción del juicio que ahora se va a iniciar en el Tribunal Supremo con todas las garantías y del que se espera una sentencia justa que resalte la verdad.