BBVA, González ronda el delito de ‘administración desleal’

Además del nuevo escándalo de escuchas telefónicas ilegales y masivas del comisario Villarejo por encargo de BBVA, los pagos efectuados por dicho banco al comisario desde 2012 a 2018, incluso cuando ya estaba en prisión, pueden constituir delito no prescrito de ‘administración desleal’ por parte de los primeros responsables del Banco.

Nos referimos el ex presidente Francisco González y el presidente Carlos Torres, que en los últimos tres años era Consejero Delegado del Banco, sobre todo si se prueba que ambos presidentes tuvieron conocimiento de esos pagos a Villarejo y cuyo interés para BBVA se deberá de justificar. Y a los que se debe añadir la suculenta indemnización ya pagada del que hasta hace poco era el jefe de seguridad de BBVA el también comisario Julio Corrochano.

El que que encargó a Villarejo, en el nombre del Banco, el espionaje de miles personas que podían estar relacionadas con el intento fallido de la constructora Sacyr de tomar el control de BBVA en una operación que se inició a finales de 2003 y concluyó en los primeros meses de 2004. Y de la que desistió Sacyr, empresa entonces liderada por Luis del Rivero y Juan Abelló.

Parece claro que podrían haber prescrito los delitos de espionaje ilegal a 4.000 personas, con más de 15.000 llamadas controladas de políticos, financieros y periodistas, (cuando era jefe de prensa del Banco Javier Ayuso) y todo ello financiado por el BBVA. Pero la responsabilidad moral e institucional del Banco y de su entonces presidente Francisco González (FG) es clara y no prescribe.

Un personaje el tal FG autoritario y de infinita soberbia que también puede haber sido grabado por Villarejo, como le ocurrió con Dolores Cospedal, porque el comisario espiaba a quienes le contrataban. Pero los delitos que no han prescrito son los que podrían deducirse o estar relacionados con los últimos pagos a Villarejo por parte de BBVA. Incluso cuando estaba en prisión. Y puede que para comprar su silencio sobre el espionaje de los pasados años o por algunos últimos encargos inconfesables al comisario que aún están por salir.

De ahí que pueden ser delitos esos pagos recientes de casi cinco millones de euros entre 2012 y 2018. Y especialmente el contrato de BBVA con la empresa CENYT de Villarejo (¿quien dio la orden de firmarlo?) de junio de 2016 a diciembre de 2017 donde se incluyeron pagos de hasta 242.000 € escalonados y hasta enero de 2018, en tiempo incluso en que Villarejo ya estaba en prisión.

De ahí la gravedad de la situación y el riesgo de un presunto delito de ‘administración desleal’ (por la malversación de fondos de BBVA en operaciones ilícitas y desde luego no justificadas) en el que pueden verse inmersos tanto el ex presidente Francisco González como Carlos Torres, actual presidente, porque en los últimos tres años era Consejero Delegado, y naturalmente siempre que exista nexo entre ellos y los pagos en cuestión.

Lo que de confirmarse, e indicios llamativos hay, podría abrir una crisis en la actual presidencia de BBVA. Además de actuaciones judiciales contra González (que cobró una indemnización de 100 millones de euros) y ya veremos si también contra Torres, lo que sin duda dañaría el prestigio y el valor bursátil del Banco.

Valor que se ha depreciado en un 56 % tras 19 años de presidencia de FG por sus graves errores de gestión e inversiones fallidas en bancos de China, Venezuela, Turquía, Portugal, Argentina, etcétera, dañando los dividendos de los accionistas en un 26 % en estos pasados años.

Un González, que vio venir el terremoto cuando el comisario Villarejo comenzó a filtrar sus audios a los medios, y por ello adelantó un año su salida del banco dejando a Torres esta crisis encima de su mesa y en la de los juristas de este Banco, por donde deambula mudo un siniestro jefe de comunicación que se hace llamar Paul Tobin.

Y naturalmente a la espera estamos de saber si la Fiscalía, los accionistas y los empleados de BBVA presentan acciones judiciales contra González y contra BBVA para esclarecer unos hechos que están en investigación y que ya han causado un grave daño a la imagen del Banco. Un daño que podría contagiar a sus bancos de Turquía (Garantí) y México (Bancomer) países inmersos en crisis y cambios políticos que tampoco hay que desdeñar.