Deterioro del Tribunal Supremo

Jornada negra para la Justicia española. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España asegurando que el Tribunal que condenó a Arnaldo Otegui por la recuperación de Batasuna no fue imparcial.  Lo que además es cierto y debió ser reconocido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, porque la actuación de la magistrada Ángela Murillo, que presidió el juicio de Otegui en la Audiencia Nacional, fue lamentable y debió de haber sido recusada.

Y más cosas, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido dar la razón a la Banca en relación con el pago de los impuestos sobre los ‘actos jurídicos documentados’ de las hipotecas que deberán ser pagados por los clientes y no por los Bancos.

Lo que supone un vuelco completo de la sentencia que semanas atrás dictó la Sección Segunda de esta SalaTercera de lo Contencioso Administrativo que imputaba a los Bancos el pago del impuesto, con lo que se recupera la doctrina que ha imperado en los últimos veinte años en esta Sala Tercera, y también en la Sala Civil del alto Tribunal.

Una rectificación, justa o no, que llega tarde por la impericia del presidente de la Sala Tercera Luís Diez-Picazo, magistrado que accedió a tan importante puesto por su relación de amistad con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes que debería dimitir como el mayor responsable que es de todo esto.

Porque este Díaz Picazo era catedrático de Derecho Constitucional y sin experiencia alguna en los tribunales y menos aún para gestionar el Pleno de la Sala Tercera del Supremo -donde lo colocó su amigo Lesmes-, que está integrado por 31 magistrados y que ayer resolvió en favor de la Banca por 15 votos contra 13 y otras 3 ausencias.

Lo que sin duda va a provocar -ya está en marcha- gran revuelo político y social que obligará a tomar decisiones paliativas al Gobierno de Sánchez por la presión de los seis millones de los clientes de las hipotecas y también de sus socios Podemos que culpan a la Banca de lo ocurrido.

Ahora bien difícil lo tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con su ministra de Justicia Dolores Delgado reprobada en el Parlamento y a la que el día 19 le harán huelga fiscales y magistrados. Y cuando este Gobierno ni siquiera es capaz de lograr la inhumación de los restos de Franco y no sabe qué hacer con los Presupuestos de 2019 o si prorroga los de 2018, lo que no admite Iglesias que en ese caso prefiere elecciones.

Gobierno a la deriva y el Tribunal Supremo muy salado en su prestigio en un momento crucial en el que se prepara para abrir el juicio oral del golpe de Estado catalán, y cuando se mantiene una fuerte polémica sobre el alcance de las acusaciones y de las penas contra los imputados en el proceso (y en prisión preventiva) que la Abogacía del Estado y la Fiscalía general acaban de presentar.