Sánchez acorralado por la Fiscalía, la Oposición, ERC y PDeCAT

El presidente Pedro Sánchez ha fracasado de manera estrepitosa en su pretensión de que ERC y PDeCAT aprueben los Presupuestos de 2019 a cambio de insinuar indultos y de rebajar de ‘rebelión’ a ‘sedición’ en las penas de los escritos de la acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los principales jefes del golpe de Estado catalán.

Lo que Sánchez no consiguió en el escrito de la Fiscalía aunque sí en el de la Abogacía lo que ha sido calificado duramente por PP y Cs y considerado inaceptable e insuficiente por dirigentes soberanistas de ERC y PDeCAT. Y lo que provoca una asombrosa divergencia entre la Fiscalía que solicita 25 años de prisión para Junqueras mientras la Abogacía sólo le pide 12 años.

El presidente Sánchez y su vicepresidenta Calvo habían afirmado días atrás –en contra de lo declarado por Sánchez en mayo, ‘cuando todavía no era Presidente’, matiza Calvo- que no estaban de acuerdo con el delito de rebelión aplicado a los golpistas. Pero finalmente eso fue rechazado por la Fiscalía, aunque si aceptado por la Abogacía del Estado que depende de Sánchez, lo que tendrá un alto coste político para el Presidente y el PSOE, ante la opinión pública y en las elecciones de Andalucía del próximo día 2 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado, fiel a sí misma, ha acusado de los delitos de rebelión y malversación a la cúpula del golpe de Estado catalán del 27-O. Y ha explicitarlo con precisión y detalle la organización y la actuación de la trama criminal del golpe catalán que lideró Oriol Junqueras a quien le piden 25 años de prisión. Para sus más allegados cómplices, Forcadell, Cuixart y Sánchez 17 años de prisión, otros 16 para los Consejeros Forn, Turull y Rull y 11 para los cargos de los Mossos Trapero, Soler y Puig.

Estamos ante un escrito de acusación de la Fiscalía duro y justo por la gravedad de los delitos cometidos contra el orden constitucional por los principales gobernantes de Cataluña y a la vez los jefes del golpe catalán. Acusación de la Fiscalía que coincide con lo decidido por los fiscales del Supremo, el juez instructor Llarena y la Sala de los Penal del Supremo.

La novedades de los escritos de acusación presentados ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son que: al mayor Trapero y a sus colaboradores de los Mossos, Soler y Puig, la fiscalía también les acusa rebelión, a pesar de que en su procesamiento inicial la juez Lamela les imputó la sedición;  pero sobre todo la principal novedad está en que la Abogacía del Estado, distanciándose de la Fiscalía en el ámbito penal rebajó la acusación de rebelión a las sedición y malversación.

Y es aquí donde se abre la gran polémica y la batalla política nacional del Gobierno con PP y Cs que le acusan a Sánchez de ponerse del lado de los golpistas;  y con ERC y PDeCAT que desprecian el ‘gesto’ del presidente en el escrito la Abogacía que consideran inútil e insuficiente.

En consecuencia, que olvide Sánchez los Presupuestos de 2019 y que se prepare para prorrogar los de 2018 de Rajoy. Y vamos a ver cual es el impacto que la fallida maniobra de Sánchez tiene ante el conjunto de los españoles y en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Y de nada van a servir a Sánchez las explicaciones de la vicepresidenta Calvo y de la ministra Delgado para justificar la decisión de la abogacía del Estado. Como tampoco servirán las airadas protestas en Cataluña de la Generalitat y los partidos soberanistas, a sabiendas por otra parte que la acusación de la Fiscalía aumenta el riesgo de fuga de los presos preventivos del golpe de Estado, tal y como lo insinuó meses atrás el presidente Torra.

Así explica la Fiscalía como se fraguó el golpe catalán:

Ante este escrito de acusación y petición de penas de la Fiscalía que es el más importante a tener en cuenta por los jueces del Tribunal Supremo se deben recordar los hechos que están en el origen del juicio y que figuran en el preámbulo del escrito de los fiscales que resumimos a continuación:

‘Los acusados dirigieron promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de la estrategia llamada ‘procés’ perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola del Reino de España.

La estrategia se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones independentistas con representación parlamentaria (JUNTS PEL SI y CUP), y de entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y también la Asociación de Municipios por la Independencia, cuyos máximos dirigentes eran, los acusados ORIOL JUNQUERAS VIES, en su condición de Vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, CARME FORCADELL LLUIS, como ex Presidenta de ANC y Presidenta del Parlamento, JORDI SANCHEZ PICANYOL y JORDI CUIXART NAVARRO, presidentes de la ANC y Ómnium Cultural. Los que en unión de otros procesados huidos -que no figuran en el juicio- acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos:

1. El parlamentario, en cuyo epicentro se situaba en la actuación de la Mesa del Parlamento autonómico, cuya función consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales como cobertura normativa del nuevo Estado para que sustituyera a la legalidad democrática vigente;

2. El Ejecutivo, identificado con el Gobierno de la Generalitat cuya misión esencial era la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que legitimara internacionalmente su proyecto de segregación territorial, así como la creación y desarrollo de estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir a los órganos estatales legalmente constituidos en todos los órdenes (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial, etc.), incluida la acción exterior fuera del territorio nacional, que se tradujo en la apertura de embajadas en algunos países, y en la ejecución más allá de nuestras fronteras de numerosas actividades dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, a reforzar la imagen de Cataluña como Estado y lograr que el proceso de independencia fuera reconocido internacionalmente;

3. El social, en el que las entidades soberanistas antes mencionadas (muy especialmente, ANC y Ómnium Cultural) desarrollaban un papel crucial mediante la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república.

En resumen, el plan que habían urdido consistía en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional.

Con la colaboración del resto de los acusados, en los diferentes roles y niveles de responsabilidad que se dirán, y de otros procesados huidos contra los que no se dirige la acusación, los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015 y contemplaban la utilización de los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo. Incluida, ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación, la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos, que acataría exclusivamente sus instrucciones como así sucedió. Y que, llegado el caso podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional.’