Sánchez quitará el delito de rebelión a los golpistas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado por cerradas todas las actuaciones previas del proceso relativo al golpe de Estado catalán y, en consecuencia, abrió el juicio oral subrayando que los 18 procesados lo son en su mayoría y empezando por Oriol Junqueras por el delito de ‘rebelión’.

Pero todo apunta a que el Gobierno de Sánchez, como ya lo ha insinuado el presidente en el Congreso y la vicepresidenta Calvo en la radio, ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que en su acta de acusación no incluya el delito de rebelión. Pero si también se retira el delito de sedición el escándalo será mayúsculo.

Y no digamos si la Fiscal General del Estado María José Segarra hace lo mismo tras recibir instrucciones del Gobierno y se enfrenta a los fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, cuyo prestigio jurídico, independencia y fiabilidad es muy superior a la de Segarra, la amiga de la inefable ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido disculpas por lo mal que se ha gestionado en el Supremo el caso de los impuestos de las hipotecas. Pero el daño al Supremo está hecho y llega en el peor momento y en vísperas del juicio oral del golpe catalán.

Y cuando el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya plantea en público que no es aplicable el delito de rebelión en línea con lo que piden los golpistas procesados, Podemos, PNV, PSC y los soberanistas catalanes del PDeCAT y ERC.

Naturalmente si la fiscal Segarra se atreve a enmendar la plana a los cuatro fiscales del Supremo cuya carrera profesional y reconocido prestigio está fuera de toda duda, y también a la Sala Penal del Supremo, el escándalo político está servido. Aunque al Tribunal juzgador tendrá la última palabra y  le queda la opción de alinearse con la ‘acusación popular’ de Vox que está personada en la causa y mantiene el delito de rebelión.

Todo esto anuncia momentos de alta tensión política y social en Cataluña y en el resto de España, con las elecciones andaluzas de por medio y con los Presupuestos de 2019 esperando el apoyo de ERC y PDeCAT. Y podría abrir un serio enfrentamiento entre el Gobierno de Sánchez y el Tribunal Supremo, así como un conflicto claro entre la fiscal del Estado, Segarra, y el resto de principales fiscales de la Audiencia y el Supremo.

Y si estos temores se confirman Pablo Casado podrá insistir, con un mayor motivo, en la acusación que hizo a Sánchez de colaborar con los golpistas catalanes, porque de él depende la decisión de la Abogacía del Estado y de la Fiscal General.

Aunque sabiendas todo el mundo que al final es la Sala Penal del Tribunal Supremo quien dicte la sentencia. Como en círculos próximos al Gobierno de Sánchez se sabe que, en caso de unas severas condenas a los golpistas, el actual Ejecutivo los indultará. Lo que seguramente incluirá para el PSOE de Sánchez un alto precio electoral.