Hágase la luz, a buen precio

La ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera anunció ayer en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del impuesto del 7 % a la generación energética como medida urgente para reducir el coste del recibo de la luz. El que en nuestro país ha alcanzado cotas de máximos por efectos del cambio climático, la subida de precios de las materias primas y la volatilidad en los mercados diarios variables.

Y parece bien que el Gobierno ponga en marcha esta medida de suspensión del impuesto del 7 % de generación energética (que el Ejecutivo compensa con sus mayores ingresos en la venta de derechos de CO2) pero mejor sería que también se redujera el IVA, hoy en el 21 %, al menos para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esta suspensión (temporal) del impuesto del 7 % beneficia al conjunto de la ciudadanía y se hará público en compañía de otras medidas urgentes como la ampliación del acceso al bono energético y de invierno para las familias más desfavorecidas y las personas jubiladas de mayor edad.

Así mismo nos parece razonable la apuesta del Gobierno por las energías renovables, más limpias y baratas, lo que por otra parte incluye el principio del fin del uso del contaminante carbón y las centrales térmicas (a las que tanto e injusto amor les tenía el ex ministro de Industria Álvaro Nadal).

Y mejor aún sería que el Gobierno evitara conectar el coste energético al mercado diario, donde repercuten todas las variables, porque esa es la primera causa que provoca la volatilidad y el descontrol en los precios, tal y como lo advirtió la CNMC en 2014.

En su lugar el Ejecutivo, y mientras medita sobre su modelo energético y bailan los precios en el mercado diario, lo que debería hacer es alentar los contratos bilaterales a plazo y precio fijo entre generadores y consumidores. Lo que impide sobresaltos en los precios y garantiza el ahorro en los costes del consumidor como lo han comprobado en últimos meses quienes tenían contratos bilaterales estables.

Lo que no contó la ministra Ribera, mientras exponía con dramatismo la subida de los precios de la luz en los últimos meses y días, es que el 72 % de los consumidores españoles se han librado de esa subida del gasto eléctrico gracias a los contratos bilaterales que muchos consumidores españoles (familias e industrias) acordaron con las empresas generadoras de la energía, en línea con el modelo que impera en Francia y Gran Bretaña.

En relación con la permanente reforma estructural del sistema energético o esperada ‘transición energética’ de nuestro país con todas sus variables y actores la ministra Teresa Ribera hizo públicas algunas reflexiones generales de intención (donde incluyó su apuesta por el auto abastecimiento solar en los hogares) que difícilmente podrá poner en marcha durante la presente legislatura si es que llega a su final.

Y menos si pretende que en sus reformas primen algunas de las propuestas intervencionistas de Podemos (en hidráulica y nucleares) que a buen seguro chocarán con sus otros socios del Gobierno del nacionalismo conservador, PNV y PDeCAT.

El Gobierno puede introducir algunas reformas paulatinas como el final del carbón o la citada suspensión del impuesto del 7 % (que sólo supondrá una rebaja de 1,5 € en el recibo de la luz), pero la reforma y la modernización del sector energético de España en pos de una energía más barata, más limpia y sostenible tardará. Y necesitará, bajo los auspicios de las instituciones de la Unión Europea, un consenso muy amplio político y empresarial,