Negociación secreta entre Sánchez y Torra

¿Por qué y de qué hablaron la pasada semana en secreto y en Madrid la vicepresidenta Carmen Calvo y la vice consejera catalana Elsa Artadi? Esa es la cuestión y el aparente motivo que parece tranquilizar al Presidente Pedro Sánchez en la tensa apertura del curso político del otoño en la que Quim Torra será el primer protagonista en saltar a la pista, mañana mismo.

Y se dice que para lanzar, por encargo de su ‘amo’ Carles Puigdemont, un ultimátum al Gobierno de Sánchez anunciando nuevas formas de protesta pública y movilizaciones con motivo de la Diada del día 11 y del aniversario del referéndum del 1-O, para finalmente exigir la liberación de los presos golpistas y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Torra subirá el tono pero, salvo que Puigdemont le haya ordenado quemar las naves que garantizan su presencia en la Generalitat, no va a pasar a la acción pisando la raya de la legalidad porque sabe, y así se lo ha recordado Sánchez, que el artículo 155 volvería a Cataluña y él sería destituido como presidente de la Generalitat.

Sin embargo no es la amenaza del 155 lo que frena a Torra sino algo de  mayor calado y mucho más interés para los líderes soberanistas, incluidos los Puigdemont, Junqueras, Sánchez y Cruixart y el resto de los procesados por el golpe del 27-O. Y ese algo parecen ser las negociaciones secretas que se estarían llevando a cabo entre discretos intermediarios de Sánchez y Torra, entre los que podrían figurar Carmen Calvo, Meritxell Batet  y Miquel Iceta en representación del Gobierno y el PSC, Y Quim Torra, Elsa Artadi y y Robert Torrent en representación de la Generalitat el PDeCAT y ERC.

El objetivo prioritario de esa negociación, que Sánchez querría concluir con una reforma pactada del Estatut, no es otro que la revisión del horizonte penal y las duras condenas que esperan a los golpistas en los juicios que se abrirán en el Tribunal Supremo a mediado o finales del otoño.

Un horizonte penal que el Gobierno de Sánchez, a través de la Fiscalía del Estado, propondría reducir de manera sensible retirando sus acusaciones (aunque seguirían vigentes las de la acusación particular de Vox) actuales de ‘rebelión’ en el Tribunal Supremo y ‘sedición’ en la Audiencia Nacional para reducir ambos delitos, que incluyen penas de entre 15 y 30 años de cárcel, al de ‘conspiración para la rebelión’ cuya pena máxima es de 7,5 años de prisión.

Naturalmente, estos son puntos de partida de una secreta negociación en marcha o en ciernes en la que entraría en juego otros aspectos políticos y, naturalmente, su impacto político y mediático en el conjunto de la sociedad española.

Pero eso no es lo que ahora preocupa a Sánchez sino que lo que le tiene en vilo es que el PDeCAT, PNV, ERC y Podemos le vayan convalidando, a partir de los próximos días, los varios decretos aprobados por su Gobierno para poder comenzar a gobernar.