El chantaje de los taxistas

Cada vez que se aproximan las fechas de los grandes desplazamientos de ciudadanos con motivo de las vacaciones de verano o fechas festivas como las de Semana Santa o la Navidad son varios los  colectivos del transporte que utilizan esos días para lanzar sus reivindicaciones laborales con la amenaza o el anuncio de huelgas en muchos casos salvajes y sin servicios mínimos de urgencias para cuestiones tan importantes como la Sanidad.

Ahora la huelga salvaje afecta al sector del taxi en las grandes capitales y, como en otras ocasiones y en otros servicios del transporte público, son millones los ciudadanos de toda condición social los que sufren el chantaje de los taxistas en plenas vacaciones de verano.

Y también en plena guerra contra la liberalización del sector y contra otros modelos alternativos de alquiler con conductor, como son los coches de Uber y Cabify, cuyos vehículos y conductores han sido objeto en muchos casos de agresiones violentas de los taxistas.

En otras ocasiones han sido selectivos privilegiados como los pilotos o los controladores aéreos, o los empleados de Renfe o de aeropuertos e incluso compañía aéreas, del metro y los autobuses, los que convierten en rehenes a millones de los ciudadanos sin que los gobernantes puedan actuar con firmeza a pesar de los altos costes de las huelgas salvajes y perjuicios a la ciudadanía.

Y en España llevamos años con estos problemas sin que se aplique una legislación y normas que castiguen estos abusos de manera justa pero a la vez implacable. Y hora es que alguien, o mejor dicho el Congreso de los Diputados, lo haga en defensa de la libertad de movimiento del conjunto de los españoles y de los millones de turistas que visitan nuestro país y que se legisle con rapidez mientras el Gobierno de Sánchez actúe con firmeza para acabar con esta situación.

Un Gobierno el de Sánchez que deberá hacer cumplir la ley, garantizar el orden público e imponer las sanciones que correspondan al tiempo que, de una vez por todas, se debe legislar para prevenir estos disparates y para cumplir con las normas establecidas en la Unión Europea para este sector. Lo demás es la ley de la selva y la dañina alteración de la vida ciudadana y del respeto a las más elementales normas de la competencia así como de la libertad de movimientos en el conjunto de la Sociedad.