El Rey Felipe VI tiene razón: la legalidad primero

Frente al golpismo catalán lo primero es la legalidad, la Justicia y el estricto respeto al orden constitucional tal y como lo exigió el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, en su discurso del pasado 3 de octubre contra el golpe de Estado catalán del 27-O. Porque sin legalidad no hay Democracia ni margen para la política como han pretendido, con reiterado desprecio al Rey en Tarragona, Gerona y el lunes en Madrid, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Quim Torra.

Los que han coincidido en afirmar que el golpe de Estado catalán, que aún sigue activo y amenazante, es solo un ‘problema político’. Lo que es falso  como bien lo acaba de demostrar el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo quien ha suspendido de su condición de diputados catalanes a los procesados Puigdemont, Rull, Junqueras, Turrull y Sánchez. Y ha declarado en rebeldía al resto de los procesados prófugos de la Justicia dando así por terminada la fase de instrucción del golpe de Estado catalán con lo que la apertura del juicio oral podría anunciarse para el próximo otoño.

Ni siquiera 24 horas ha durado la luna de miel obsequiosa, empalagosa y democráticamente impresentable para quienes, en España en general y en Cataluña en particular, han visto las risotadas del presidente Sánchez en La Moncloa ante ese pintoresco y fascistoide personaje que ha insultado a España y a todos los españoles que es el tal Torra.

El que ya amenaza con culminar durante la presente legislatura la nueva Constitución catalana y que ni siquiera se presenta como el presidente de los catalanes porque asegura que él solo es el representante del verdadero presidente, Carles Puigdemont.

Naturalmente tras el último auto de Llarena volverá el ruido de los golpistas contra España y se le acusará a Sánchez desde Barcelona, Berlín, Bruselas y Ginebra de seguir al frente de la ‘represión españolista’. Todo ello después de haber accedido a festejar a Torra en Moncloa y convocar una reunión de la Comisión de las relaciones del Estado con la Generalitat, lo que constituye un contrasentido y un error -la vicepresidenta Carmen Calvo no sabe de lo que habla- porque el Estado como tal no puede ni debe hablar o negociar con quienes desde la Generalitat no acatan la legalidad y vetan y desprecian al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

Y qué piensa hacer ahora Sánchez después de la escena del sofá con Torra en Moncloa; y de trasladar a Barcelona a los presos del golpe de Estado, a los que, visto su procesamiento final por el juez Llarena y camino del juicio oral, solo les falta huir y escaparse de las cárceles catalanas cuya seguridad y competencia depende de la Generalitat.

El Presidente Sánchez se ha precipitado y equivocado con Torra como muy pronto lo va a comprobar. Y debe entender que la política de gestos que está practicando no se puede extender a las cuestiones de Estado y menos aún a las que afectan a la legalidad y el orden constitucional, con el Estatuto y la Constitución ahí incluidos.

Tras su entrevista con Sánchez en Moncloa Torra declaró que esperaba ver pronto decisiones de Sánchez contra la ‘judicialización del procés’, como si Sánchez pudiera interferir la acción de la Justicia.

Y que se cuide mucho Sánchez de no manipular a su fiscal general para rebajar las acusaciones en los juicios que están a punto de abrirse en el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Porque ese sería un disparate y una traición a España que expulsaría a Sánchez de Moncloa y partiría el PSOE por la mitad. Y porque sus efectos jurídicos serían inútiles ante estos dos  Tribunales donde la certeza sobre el golpe de Estado son muy evidentes y porque además se mantiene firme la acusación particular.