Prisión para Urdangarin y triunfo del juez Castro

No caben dilaciones sobre la aplicación inmediata de la condena de 5 años y 10 meses de cárcel a Iñaki Urdangarin que el Tribunal Supremo acaba de comunicar y que exige su ingreso inmediato en prisión sin demora ni favor de ningún tipo y menos aún por ser un miembro de la Familia Real, aunque sus derechos procesales se deben respetar.

Sentencia sin duda trascendente que daña el prestigio de La Corona por más que la infanta Cristina, cómplice y culpable de todo ello, se haya librado de la condena penal y se niegue a reconocerlo, a pesar de que el escándalo provocó la abdicación de su padre el rey Juan Carlos I que asumió así su responsabilidad.

Bastante hemos visto con la no entrada en prisión de Rosalía Iglesias (esposa de Bárcenas) a pesar de sus 15 años de condena aunque aún le queda el recurso del Supremo, como para que alguien imagine alguna argucia procesal o recurso al Tribunal Constitucional para retrasar el ingreso en prisión de Urdangarin.

Sobre todo porque en la jurisprudencia del TC no existen precedentes que, mientras toman una decisión sobre un recurso, dejen en libertad a un condenado a más de 5 años de cárcel, como es el caso.

La sentencia confirma la responsabilidad civil de la infanta Cristina, que ya salió bastante beneficiada en la condena penal de la que fue excluida por la Audiencia de Palma porque por administradora al 50 % de Aizoon tenía responsabilidad en la gestión como lo subrayó el juez José Castro en el periodo de instrucción.

Enfrentándose el juez a fuertes presiones del aparato del Estado y en especial al lamentable comportamiento del fiscal Pedro Horrach. El que, a buenas horas, dice que de no haber sido por su inviolabilidad tenía que haber llamado a declarar al rey Juan Carlos I.

El Monarca Emérito que, indirectamente y a igual que La Corona, sale tocado de este caso con el que el rey Felipe VI mantuvo una prudente distancia, y en el que se vieron actuaciones lamentables del Gobierno de Rajoy y de ‘su’ Fiscalía del Estado (en el tiempo de Torres Dulce) y también en el Poder Judicial y en el Tribunal que juzgó el caso en la Audiencia de Palma.

Y no solo en lo relativo a la infanta Cristina sino también a políticos como Camps, Barberá y Gallardón, a los que se les libró en la sentencia de la Audiencia Provincial a pesar de los favores injustificables que desde sus Instituciones se le hicieron a la trama de Urdangarin y que sin duda ellos conocieron.

Porque ningún colaborador de tan destacados políticos podía tomar decisiones de ayudas económicas con fondos públicos a un miembro de la Familia Real, sin concurso público y sin el conocimiento de los máximos gestores de la Comunidad de Valencia y los ayuntamientos de Valencia y Madrid, máxime cuando esas peticiones procedían del rey Juan Carlos I (al que se ha querido proteger) o de su entorno político y familiar.

Regalos económicos e injustificables que se sumaban a otros de las grandes empresas del Ibex donde Urdangarin también pasó el cazo y que no quisieron sumarse a la querella evitando una condena mayor.

La sentencia del llamado caso Nóos (un título de corte mayestático con el que Urdangarin ya anunciaba el color púrpura y oro de su negocio) es en todo caso importante para España aunque se la ha querido mezclar en el tiempo con otras sentencias de Gürtel (de Madrid y Valencia) para difuminar, inútilmente, su impacto social.

Sentencia y caso que debería ser causa y motivo para liquidar todos los aforamientos políticos en España reduciéndolos a su mínima expresión y solo para cuestiones concretas, a fin de que nunca vuelva a ocurrir lo que hemos visto y vivido en el escandaloso caso Nóos.

Lo que, finalmente ha sido descubierto y condenado gracias al valor y a tenacidad del juez José Castro que califica de ‘benévola’ -y con razón- la sentencia por la exculpación penal de la Infanta y de destacados políticos. Aunque la caída de Urdangarin y su esperada e inminente entrada en la prisión debe ser considerado un triunfo, aunque incompleto, de la Justicia y en favor del precepto constitucional que proclama que todos somos iguales ante la Ley. En realidad casi todos mientras existan excepciones como los aforamientos y la inviabilidad.