Reformas urgentes del Código Penal y la Constitución

Lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que se prepara en el País Vasco y Navarra tras la desaparición de ETA debería alertar y obligar a los partidos constitucionales PP, PSOE y Cs a pactar una serie de acuerdos políticos y de reformas legales y constitucionales que pongan coto a los desafíos de los secesionistas y actualicen la legislación para evitar los vacíos de legalidad y problemas en la defensa de la unidad de España, de la legalidad y del orden constitucional. 

Aunque estas reformas, de momento, no forman parte de los programas políticos de las fuerzas constitucionales, es hora de que aparezcan en los debates de la sociedad a ver si los gobernantes de turno y los dirigentes políticos espabilan y entran de lleno en unas cuestiones que son más que fundamentales para la defensa de la unidad de España y la vigencia del Estado de Derecho. 

Nos estamos refiriendo a la necesidad de actualizar -visto lo ocurrido en Cataluña- de los artículos del Código Penal relativos a la ‘sedición’ y la ‘rebelión’, así como los que afectan a la ‘preparación’ y ‘conspiración’ para delinquir contra el Estado. 

Especialmente en todo lo relativo a la ‘inhabilitación’ y la ‘suspensión’ en sus cargos públicos de quienes estén inmersos en estos procesos golpistas desde el momento mismo de su imputación. 

Y por supuesto se ha de regular, con todo lujo de detalles, la aplicación de manera inequívoca e implacable del artículo 155 de la Constitución, incluida la suspensión de la Autonomía o de algunas de sus competencias cuando se viola la ley, la Constitución o las sentencias de los tribunales tal y como está ocurriendo con la Educación en Cataluña y Baleares. 

Finalmente y para completar este valladar protector de la legalidad y del orden constitucional, el Gobierno de España debe plantear al Parlamento Europeo y a los Tribunales de Justicia de la UE reformas y normas que impidan la acogida en territorio de la UE de golpistas como Puigdemont. 

Y todo ello debe ir acompañado de un pacto político entre el PP, PSOE y Cs por el que los partidos constitucionales renuncian a contar con los votos de los nacionalistas vascos y catalanes en el Congreso de los Diputados para impedir la investidura del candidato del partido más votado, o la aprobación de Presupuestos y para poner así punto final a los chantajes nacionalistas (como ahora del PNV) en contra del Estado que tan caros nos han costado.

Estas son reformas y tareas tan urgentes como importantes y no se deben ni se pueden demorar, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en estos últimos meses en España y lo que todavía está por pasar.