El poder judicial y ‘La Manada’

Las declaraciones del ministro de Justicia Rafael Catalá en las que solicita que el Consejo General del Poder Judicial actúe disciplinariamente contra el magistrado que emitió un voto particular en la sentencia sobre ‘La Manada’ pidiendo la absolución de los cinco acusados ha provocado protestas e indignación entre jueces y fiscales que calificaron de intolerable la propuesta del ministro, llegando la Asociación de Jueces para la Democracia a solicitar el cese del ministro Catalá.

Y no es la primera vez que Catalá desvaría como se vio en la crisis del fiscal Moix, en sus erráticas iniciativas ‘fiscales’ en Cataluña como la euroorden rectificada, o el no recurso del Gobierno al voto cedido de Puigdemont, o la no aplicación del 155 por el Gobierno tras la aprobación de la ley catalana de referéndum y de la de desconexión de primeros de septiembre. O la vista gorda sobre el caso Noos y la participación de la infanta Cristina, o la clara colaboración en cesiones de dinero público de Campos y Gallardón. Y qué decir de sus conversaciones telefónicas con el golfo de Ignacio González.

Catalá se ha querido subir a la ola de indignación popular por la sentencia de ‘La Manada’ que, como poco, es incomprensible porque no se puede llamar abuso sexual continuado cuando hay penetración carnal, porque eso es violación, de ahí que la sentencia sea injusta y que se le pueda criticar.

Pero de eso a pedir medidas disciplinarias contra un magistrado va un abismo y da una idea de la catadura del ministro que va a juego con los que son sus malos compañeros de Gobierno, donde solo se salvan unos pocos o mejor dicho unas pocas ministras porque la mayoría de los ministros no cumple con las mínimas garantías de eficacia y capacidad, empezando por Catalá.

De manera que si tenemos abiertos conflictos en distintos frentes de la vida pública ahora se abre otro en el poder judicial. Tanto en las críticas a la lamentable sentencia como por la actuación del ministro de Justicia, que en sus ratos libres parece dedicarse a disimular o desviar la atención fuera de los casos de la corrupción del PP.

Y a la espera estamos de sentencias, empezando por Gürtel y siguiendo por Urdangarín. Como seguimos esperando la extradición de Puigdemont si es que Catalá, por orden de Rajoy, no ha cambiado de opinión a la vista de lo ocurrido con su colega Montoro y la malversación en el referéndum del 1-O. Porque tenemos la impresión de que, como se descuide el juez Llarena, el ministro Catalá también lo sancionará. No olvidemos que este Gobierno es proclive a las amnistías fiscales y a lo mejor están pensando extenderlas al golpismo catalán.