Merecida prisión y máxima tensión

Dicen los defensores de los golpistas catalanes del 27-O que es injusto que los procesados por rebelión vayan a la cárcel y sean inhabilitados porque en los hechos que se les imputa, y en contra de lo que afirma el juez, no hubo violencia, lo que parece falso visto lo ocurrido el 1-O y el cerco y acoso a la Guardia Civil en la Consejería de Economía.

Pero la violencia podría desatarse en Cataluña tras el encarcelamiento del candidato Turull a la investidura de presidente de la Generalitat y de otros cinco dirigentes soberanistas, con excepción de Marta Rovira, que se fugó.

En todo caso, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha enviado a prisión preventiva sin fianza al hasta ahora candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull y a otros cuatro dirigentes soberanistas de ERC y PDeCAT, Josep Rull, Raúl Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa, una vez que han sido procesados e inhabilitados por delitos de rebelión, sedición y malversación y también por los delitos de prevaricación y desobediencia.

La fuga a Suiza en la noche de ayer de la Secretaria General de ERC, Marta Rovira, citada en el escrito del fiscal como prueba del riesgo de fuga de los encausados, y la pretendida y fallida (por culpa de la CUP) investidura como presidente de la Generalitat de Jordi Turull por la vía de urgencia para burlar al juez Llarena empeoró la situación de los procesados como figura en el auto de prisión del magistrado Llarena.

De lo que se deduce que Rovira ha ‘traicionado’ a sus compañeros como antes lo hicieran Puigdemont y los cuatro se fugaron con él, o Anna Gabriel, la dirigente de la CUP que también huyó de la Justicia y está en Suiza a pesar de que a ella sólo se la acusa de desobediencia.

Al fondo de todo ello están los graves hechos que describe con una detallada precisión el auto de procesamiento del juez Llarena donde queda muy clara la existencia de una organización criminal que actuó de manera organizada para dar el Golpe de Estado catalán culminado el pasado 27 de octubre con la declaración de independencia de Cataluña en el Parlament.

Todo ello violando de manera ‘contumaz’ -dice el juez en su auto final de procesamiento-, la legalidad, el Estatuto y la Constitución. Y, a la vez, con  desobediencia expresa de advertencias y prohibiciones (sobre las leyes de desconexión y de referéndum, y la propia celebración del referéndum del 1-O) del Tribunal Constitucional.

A lo que el juez añade las movilizaciones de masas y violencia provocada en el referéndum del 1-O, el cerco y destrucción de los vehículos de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat, el otro cerco al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Parlament y los mítines y declaraciones de los dirigentes golpistas contra el Estado y la legalidad.

Y a no perder de vista que el líder del golpe y prófugo Puigdemont no sólo está pilotando el proceso de la investidura, sino que insiste en implantar la República catalana con un ‘periodo constituyente’ e incluso pretende que le habiliten unas instituciones paralelas a las catalanas para que él, burlando la ley, siga dirigiendo el país desde su refugio de Waterloo. Lo que prueba la voluntad de reiteración delictiva de los golpistas.

Algo que Turull -también investigado por alzamiento de bienes- pudo haber desmontado en su discurso de investidura de haber anunciado el regreso a la legalidad y a la Constitución y haber reconocido los errores e ilegalidades del golpe. Pero el golpista Turull no sólo no dijo nada de todo esto sino que desde su posición y a pesar de estar imputado exigía diálogo al gobierno de España aunque sin citar la República para intentar engañar al juez Llarena lo que no ha podido lograr.

Llarena no ha dado un paso atrás y además ha cursado orden internacional de detención contra los fugados, mientras la instrucción de este proceso del golpe catalán continúa avanzando hacia el juicio oral.