El Gobierno juega fuerte en el TC

A pesar de que el Consejo de Estado ha dicho al Gobierno que Puigdemont puede ser candidato a la investidura en el Parlament catalán el Ejecutivo de Rajoy ha mantenido y presentado su recurso ante el Tribunal Constitucional para que suspenda la investidura de Puigdemont con el argumento de que es un prófugo de la Justicia y no puede asumir funciones de un gobernante.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que corresponde al Ejecutivo agotar todas las vías para impedir que el prófugo Puigdemont sea investido presidente. Pero está claro, al menos para el Consejo de Estado, que los argumentos jurídicos del Gobierno son insuficientes por su posición preventiva y porque Puigdemont no está inhabilitado y es por ello que pudo ser candidato en las elecciones del 21-D.

Ahora bien, la última palabra la tiene ahora el Tribunal Constitucional que se reúne este sábado para analizar y tomar una decisión sobre el recurso del Gobierno que trata de impedir que Puigdemont pueda ser el candidato a la presidencia de la Generalitat en la sesión de investidura prevista para este martes día 30.

El TC tiene en sus manos una decisión determinante para la recuperación de la normalidad en Cataluña, porque está claro que el prófugo de la Justicia que es Puigdemont no puede presidir el Gobierno catalán. Pero esa certeza debe de estar acompañada de base jurídica sobre la que debe decidir el TC.

La Corte Constitucional que, si le da la razón al Gobierno por unanimidad o por mayoría, habrá desautorizado también al Consejo de Estado. Y puede que con ello habría rectificado los graves errores que el TC cometió al inicio del proceso secesionista cuando no suspendió (aplicando su artículo 92) en sus funciones a la Mesa del Parlament y a los miembros del Govern que desobedecieron, a sabiendas, todas sus decisiones, incluidas las relativas al referéndum del 1-O.

Está claro que el golpismo catalán pretende reactivar su plan secesionista y por ello Torrent propone la investidura de Puigdemont. Y ahora, tras quitarse la máscara de presidente moderado, empieza a enseñar su verdadero rostro y su empeño en desafiar al Estado.

Y es verdad que al desoír al Consejo de Estado el Gobierno de Rajoy le resta fuerza jurídica y moral a los letrados del Parlament -que también son órgano consultivo con decisiones no vinculantes- cuando se oponen a que el pleno de la investidura se pueda celebrar por la vía telemática y no de una manera presencial, como sería lógico y como podría ocurrir si es que Puigdemont burla a la policía y se cuela en el Parlament.

Pero esta cuestión se abordará probablemente también en el TC una vez que el alto tribunal resuelva el recurso que el Gobierno acaba de presentar.