El Consejo de Estado desautoriza al Gobierno

El Consejo de Estado ha echado por tierra y ha rechazado la pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy de elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra la propuesta del presidente del Parlament Roger Torrent de presentar a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat.

El dictamen del Consejo de Estado, donde se afirma que Puigdemont puede ser propuesto candidato a presidir la Generalitat porque no está inhabilitado aunque sea prófugo de la Justicia y que la figura de los recursos preventivos tampoco es aceptable, no es vinculante y permite al Ejecutivo acudir, como ya ha dicho que hará, al Tribunal Constitucional a ver qué dice el TC.

Pero el alcance jurídico y político de la decisión del Consejo de Estado es demoledor, constituye otro triunfo de Puigdemont y deja en evidencia al Ejecutivo. Y en especial a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que es la responsable de la política catalana y la autora de la iniciativa que ella misma presentó ayer públicamente, dando por sentada que la posición del Gobierno era irrefutable, lo que ha resultado falso como lo demuestra el dictamen del Consejo de Estado.

Que además parece lógico y de sentido común porque si Puigdemont, al no estar inhabilitado, podía ser candidato en las elecciones del 21-D y elegido como ocurrió también puede ser propuesto, como ocurrirá, candidato a la presidencia de la Generalitat.

Otra cosa bien distinta será saber si Puigdemont puede ser elegido como presidente de la Generalitat si no participa de manera ‘presencial’ en el debate de investidura, bien porque está fuera de España o en prisión. Pero esa es harina de otro costal y una cuestión que deberá decidir primero la Mesa del Parlament, partiendo de la exigencia ‘presencial’ que propugnan los letrados de la Cámara y que también comparte el Consejo de Estado.

Estamos ante el problema político español más grave desde el inicio de la Transición y asistimos a una asombrosa cadena de gravísimos errores y de improvisaciones del Gobierno de Rajoy, desde que los pasados días 6 y 7 de septiembre de 2017 (momento en el que Rajoy debió aplicar el 155) se inició el proceso secesionista de Cataluña y la ruptura de la legalidad y del orden constitucional.

Y este error, como el que delata el Consejo de Estado, se suma en cuestión de horas a la fallida propuesta de la Fiscalía de volver a relanzar la euroorden de captura de Puigdemont durante su viaje a Dinamarca, o las esperpénticas explicaciones del ministro Zoido que anuncia el registro de los maleteros de los coches en puestos fronterizos para impedir que se cuele Puigdemont.

Lo que está dejando en asombroso ridículo al Gobierno por su manifiesta incapacidad -ayer también la autoridad de Competencia desautorizó al ministro de Industria, Nadal, en su disputa con Iberdrola- y el agotamiento del liderazgo de Rajoy que confirman las encuestas en beneficio de Rivera y Ciudadanos, mientras el PP sufre las confesiones de sus ex altos cargos en los distintos juicios sobre sus casos de corrupción.

Y todo ello dando una imagen de desconcierto del Ejecutivo que causa un daño gravísimo a España y a la imagen de nuestro país en el mundo. Y sin que nadie tome las riendas como mano firme y acertada en La Moncloa o presente su dimisión. Porque el desafío catalán no puede ser la excusa o el escudo para que los malos gobernantes se queden donde están.