Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com

Urge la reforma del Código Penal y del artículo 155

Puigdemont

El magistrado Llarena del Tribunal Supremo ha suspendido la euroorden de detención y entrega de Puigdemont y otros cuatros exconsejeros del govern, con el objetivo de impedir que la Justicia de Bélgica los extradite a España para solo ser juzgados por prevaricación o por malversación, y no por los delitos de rebelión y sedición porque no existen en la legislación belga.

Lo que les va a costar caro a los belgas cuando Flandes se independice, porque eso no tardará en llegar, y lo tienen bien merecido por causa del pésimo comportamiento del Gobierno belga con España en el caso del golpe catalán presidido por Puigdemont.

Por todo ello, lo ocurrido estos meses con el golpe de Estado catalán, tanto en el ámbito jurídico como en el institucional, obliga a una meditada y eficaz reforma del Código Penal y a un desarrollo detallado del artículo 155 de la Constitución.

Y ya puestos, y visto lo ocurrido con Bélgica -problema que viene de lejos-, hora es que España plantee ante la UE una protesta oficial, porque no se puede consentir que ese país se convierta como ocurre (incluso con los miembros de ETA) en refugio de delincuentes y terroristas. Lo que explica que muchas células del terror yihadista se hayan instalado en Bruselas.

En cuanto a la legislación española, lo primero que se debe hacer, y cuando antes, es reformar los artículos del Código Penal relativos a la rebelión y la secesión para que quede claro a los golpistas, fiscales y jueces que no son necesarios ni la ‘violencia’ física o verbal, ni el ‘tumulto’ para que, quienes se subleven contra la legalidad y el orden constitucional, puedan ser acusados de estos delitos al margen de las circunstancias que concurran en cada uno de ellos.

Asimismo, conviene reformar los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación para incluir en ellos importantes penas de prisión para el caso en el que estos delitos estén relacionados con los de rebelión y sedición (así se evitaría la burla a la Justicia que Puigdemont preparaba en Bélgica). Y algo parecido debe hacerse en lo que se refiere a la ‘organización criminal’, cuando esa organización va encaminada a subvertir el orden constitucional.

Estamos hablando de cuestiones muy serias incluida la unidad nacional, de ahí la importancia de estas reformas del Código Penal, que deben completar otras relativas al desarrollo detallado del artículo 155 de la Constitución.

Y tampoco estaría de más incluir alguna norma que obligue al Gobierno, los fiscales y tribunales de la nación a actuar de manera inmediata cuando un gobernante pise la raya de la legalidad, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el mes de septiembre cuando los días 6 y 7 se inició el golpe de Estado, y tanto el Gobierno, como la Fiscalía y el Tribunal Constitucional se negaron a actuar de manera inmediata, presos de desconcierto, pavor y haciendo cálculos políticos mientras los golpistas avanzaban para lograr el referéndum ilegal del 1-O y declarar la independencia de Cataluña unilateral, mientras el Gobierno, la Fiscalía y el TC tocaban el violón.

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