Suelta de presos en el Tribunal Supremo

Está claro que en este país todos no somos iguales ante la Ley. Diríase que unos, de a pie, son más iguales que otros, de a caballo o dicho a la llana los del poder político o económico que siempre van mejor.

Hacemos este distingo porque vienen curvas y probable suelta de presos con motivo de la llegada al Tribunal Supremo, este jueves, de Carme Forcadell, la presidenta del Parlament donde el pasado 27 de octubre se declaró la independencia de Cataluña, como confirmaron el expresidente Puigdemont en Bruselas y el exvicepresidente Junqueras en el diario The New York Times.

Forcadell había violado desde la Presidencia de la Cámara catalana la legalidad, el Estatuto, la Constitución y burlado las advertencias de los servicios jurídicos del Parlament y las decisiones del Tribunal Constitucional que ella se pasó por su ‘arco del triunfo’ particular. Y todo esto después de anunciar que los que no apoyaban la independencia de Cataluña ‘no eran catalanes’. Lo que declaró desde uno de sus mítines callejeros con los que agitaba a sus seguidores en pos del ‘tumulto’ que confirma la sedición.

Pues bien, el Tribunal Supremo decidió con buen criterio a petición de los querellados (cosa que no hicieron a tiempo los de la Audiencia Nacional) y en este caso también aforados, dar una semana para la preparación de la defensa de Forcadell y sus ayudantes en la Mesa del Parlament.

Pero en esa semana pasaron muchas cosas en España, Bélgica y Cataluña y con ese motivo cabe sospechar que se puso en marcha la promiscuidad que existe en España entre los poderes Ejecutivo y Judicial para dar una salida política al embrollo judicial donde están encartados los promotores y autores del golpe de Estado catalán y su trama: la política (govern y Parlament; la civil (ANC y Omnium); y la policial (Mossos). Varios de ellos en prisión, por decisión de la juez Lamela de la Audiencia Nacional, y otros varios fugados a Bélgica y bajo euroorden de caza y captura.

El nuevo plan del presidente Rajoy, temeroso de una nueva victoria electoral de los secesionistas en los comicios del 21-D y asustado por el impacto de esta crisis en la imagen internacional de España, consistiría en sacar de la cárcel a Junqueras y a los otro siete ex consejeros del govern, que Forcadell y sus aliados de la Mesa del Parlament no entren en la prisión y quedar a la espera de lo que haga el prófugo Puigdemont y los otros cuatro fugados.

Y naturalmente Rajoy -con el entusiasmo de Pedro Sánchez y del PSC que han criticado a la juez Lamela- quiere y espera que esta ‘amnistía’ exprés encubierta ocurra en cuestión de pocos días para que Junqueras y demás ‘compañeros mártires’, incluidos los ‘Jordis’, disfruten la campaña electoral, y a ser posible antes de que la Justicia belga se pronuncie sobre la petición de extradición de Puigdemont y sus comparsas.

Esta suelta de presos golpistas (que precedida va de la suelta previa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el amigo del aún ministro de Justicia, Rafael Catalá) tendría como objetivo demostrar en la UE la magnanimidad y la compasión de la Justicia española y desmontar la campaña electoral victimista de los políticos secesionistas, en la creencia de que ello mejorará las expectativas electorales de los partidos españolistas C’s, PSC y PP en Cataluña. Al tiempo que la liberación de Junqueras y su posible triunfo electoral facilitará la derrota y fracaso político de Puigdemont.

Naturalmente, a los pies de los caballos piafantes de los golpistas quedará la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Porque el Supremo por la vía del magistrado instructor Pablo Llarena puede unificar todos los casos y actuaciones judiciales relacionados con el golpe de Estado Catalán, uniendo a la querella de Forcadell las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el argumento de que todos los procesos son ‘inescindibles’ (bonita palabra).

Y a partir de ahí, y teniendo en cuenta que los presos serán candidatos y luego Diputados aforados, el Supremo podrá acordar la libertad de todos ellos con duras medidas preventivas y severas advertencias sobre cualquier caso de reincidencia, antes, durante o después de las elecciones y, colorín colorado, el lema de la ‘dura lex sed lex’ quedará aparcado para mejor u otra ocasión.

Y todos tan contentos y los golpistas liberados dirán que la presión de la UE y todas las movilizaciones callejeras le ganaron el pulso al Estado español. Y así, con aires de victoria, los secesionistas pasearán sus héroes en campaña electoral en pos de ganar la mayoría del Parlament y vuelta a empezar.

Pero ¿qué pasará con Puigdemont y sus cuatro compinches? Esa será una harina de otro costal, porque ya son prófugos de la Justicia y eso cambia su situación procesal. Aunque nunca se sabe si lo de ‘inescindible’ significa que todos los acusados, al margen de sus circunstancias, deben de ser tratados de manera similar. En cuyo caso ¡suelta general! y pelillos a la mar.