La sedición entra en la escena

Como no podía ser de otra manera ante el tumulto callejero que jalean los primeros gobernantes y representantes de Cataluña en apoyo y sostén del referéndum ilegal del 1-O y como apología a la desobediencia del Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Estado ha comenzado a imputar el delito de sedición a los autores del golpe de Estado catalán.

Lo que muy pronto afectará en igual medida al gobierno de Puigdemont y a la presidenta Forcadell del Parlamento (agitadora del tumulto) así como a los miembros de la Mesa de la Cámara implicados en ello.

Seguimos al ritmo proporcional del ‘despacito’ impuesto por Rajoy pero da la impresión que la maquina del Estado avanza y este paso de la fiscalía es fundamental porque entre otras cosas señala a Junqueras como el culpable de haber metido a sus colaboradores en tan seria vía penal. Lo que habría evitado si, tras la suspensión por el TC del referéndum Junqueras hubiera parado en seco la puesta en marcha de la consulta ilegal. Pero siguió e implicó a todo su equipo y por la misma senda irá él.

Ahora falta que, ante la pasividad de los Mossos, el Gobierno aplique la Ley de Seguridad Nacional para poner a la policía catalana a las órdenes del ministerio de Interior. Y que el Tribunal Constitucional, que ya ha empezado a aplicar el artículo 92 de la Ley del TC con multas a los desobedientes, dé el paso decisivo y suspenda en sus funciones públicas al Gobierno catalán y a la Mesa rebelde del Parlament.

Y como guinda de estas medidas imprescindibles para la restauración en Cataluña de orden constitucional el Presidente Rajoy debe poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para suspender y controlar las instituciones catalanas donde los golpistas y sus posibles sucesores -en el caso de las suspensiones esperadas del TC- no puedan seguir sentados al frente de las instituciones catalanas que son del Estado español.

Pero no se cierre este círculo político y legal seguiremos caminando sobre el alambre de la incertidumbre. Aunque si todo esto se pone en marcha la cita del 1-O quedará ensombrecida por el cerco legal, al margen de todo lo que ocurra en esa jornada en la que según Rajoy el referéndum no se celebrará. Mas si como consecuencia de todo ello se producen el 1-O incidentes de orden público con violencia en ese caso la Fiscalía deberá subir otro escalón y añadir la imputación del delito de ‘rebelión’.