El Gobierno espera la suspensión del referéndum

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se esfuerza en mantener la simulación de que existió plena colaboración entre los Mossos de Escuadra y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el ataque y la caza del comando terrorista de Ripoll en Barcelona y Cambrils a pesar de las  denuncias hechas por los sindicatos de la policía y la Guardia Civil.

Asimismo el Gobierno ha evitado subrayar los errores de los Mossos en la explosión de Alcanar y los fallos de protección de las Ramblas de Barcelona tras el aviso de la CIA y del Ministerio de Interior.

Con esta actitud del Ejecutivo de Rajoy busca defender la unidad política frente al terrorismo, al menos hasta la manifestación del día 26, y también esconde la esperanza de que el PDeCAT, que está sufriendo importantes discrepancias internas, proponga aplazar el  referéndum del 1-O y en su lugar convocar elecciones autonómicas.

Una posibilidad que tampoco descartan algunos dirigentes de ERC, una vez que temen la inhabilitación de Junqueras por el TC, lo que le impediría llegar a presidir la Generalitat cuando todas las encuestas anuncian la victoria de ERC en las próximas elecciones autonómicas y el hundimiento de PDeCAT.

De ahí las prisas de la CUP por ‘cerrar’ el proceso parlamentario en pos de la aprobación de la Ley del Referéndum y acortar plazos con un decreto de Puigdemont que convoque la consulta del 1-O y evite la inhabilitación de Junqueras, dado que él ya anunció que no volverá a optar a la presidencia catalana.

Mientras, el Gobierno disimula, convencido de que su prudencia será bien acogida en Cataluña y en el bloque secesionista de PDeCAT, ERC y CUP crecen los nervios y la inquietud ante la posible reacción de la mayoría de la sociedad catalana que, después de los ataque terroristas, no desearían más tensiones y rupturas. Y menos aún los planes de desobediencia a la ley y de protestas en la calle que propone la CUP en pos de alterar el orden público.

Sin embargo la inagotable paciencia e inmovilismo de Rajoy tiene fecha de caducidad porque a partir del lunes 28 se reabrirá el proceso secesionista por vías de urgencia -como el posible decreto de Puigdemont- porque a los independentistas se les acaban los plazos y necesitan movilizar a su gente de cara a la Diada del 11 de septiembre cuando solo falten 20 días para la celebración del referéndum del 1-O.

El que según Mariano Rajoy no se va a celebrar aunque el presidente no nos explica cómo lo impedirá. ¿Acaso con la ayuda de los Mossos de Escuadra?

Tampoco parece tener muy clara Puigdemont la vía para la  convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.