El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont piensa anunciar en Madrid, al término de la conferencia que pronunciará en el consistorio de la capital de España, que el referéndum para la independencia de Cataluña se celebrará el próximo día 1 de octubre. Una fecha si duda emblemática en la crisis del PSOE porque ese mismo día se celebró el pasado año de 2016 el bronco Comité Federal socialista que derribó a Pedro Sánchez de la secretaría general y que está en el origen de la crisis del Partido Socialista.

Para más coincidencias Puigdemont hará su anuncio en Madrid el lunes día 22 horas después de que se conozca el resultado de las primarias del PSOE y el nombre del líder y secretario general del partido lo que sin duda interesa a los promotores del referéndum y también al PSC.

Naturalmente de aquí al 1 de octubre, la fecha del ‘choque de trenes’ entre los gobernantes de Cataluña y el Estado, todavía pueden pasar muchas cosas. Sobre todo a la vista de los contactos secretos que el gobierno de Mariano Rajoy -vía Soraya Sáenz de Santamaría- está teniendo en Barcelona con el entorno de Artur Mas a propósito del referéndum y otros asuntos de mutuo interés entre el Gobierno de Rajoy y el partido de Artur Mas, PDeCAT (antigua ‘Convergencia’).

Así se ha podido apreciar como diputados de PDeCAT en el Congreso de los Diputados ayudaron al PP a controlar la Mesa del Congreso a cambio de un grupo parlamentario. Ahora se acaba de saber que los dos representantes del Ministerio de Cultura -que son miembros del Consorcio del Palau de la Música que ahora ejerce como acusación particular en el juicio del Palau- se ausentaron de la votación donde se iba a decidir si se acusaba a Convergencia (PDeCAT) de recibir 6,6 millones de € de la corrupción del Palau, como así fue.

A esto habría que añadir la pretensión del fiscal general Maza, es decir del Gobierno de Rajoy, de sustituir los fiscales que están investigando la corrupción del 3% del gobierno catalán en tiempos de Artur Mas por otros fiscales catalanes o para entregarlo al sospechoso fiscal Moix , lo que beneficiará a Mas y retrasará la investigación. Y no perder de vista el trato de favor que la Fiscalía da al patriarca Jordi Pujol y su esposa -‘la madre superiora’- Marta Ferrusola, lo que parece ser otro signo o nuevo guiño de Rajoy a Mas.

Pero ¿por qué el Gobierno de Rajoy protege a Artur Mas y al PDeCAT en estos casos de corrupción? Puede que para que los ‘convergentes’ no ataquen a Rajoy en casos de corrupción del PP y apoyen al Gobierno de asuntos como la aprobación del decreto sobre la crisis de la Estiba.

Pero parece que todo ello forma parte de ciertos oscuros ‘movimientos orquestales’ que se están celebrando en torno a la crisis catalana donde al fondo está el referéndum del 1 de octubre. El que Rajoy piensa que puede desactivar mediante el ofrecimiento a Cataluña de una mejora importante en su financiación, siguiendo el modelo que el PP desplegó en el País Vasco para obtener el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2017 que Rajoy está a punto de lograr cuando consigan pactar la cifra de ayuda a Canarias que les exige el diputado Quevedo.

Está claro que la paciencia de Rajoy es infinita y que, como ha dicho a propósito del desafío catalán y como hizo consintiendo la Consulta del 9N, utiliza la táctica de la respuesta ‘proporcionada’. Con ello lo que el Gobierno del PP busca es cansar a los secesionistas y la ruptura entre ERC -indignada con el caso del Palau- y PDeCAT, que haría naufragar el referéndum de independencia. En cuya convocatoria Puigdemont desea incluir a Oriol Junqueras para que incurra en desobediencia al Tribunal Constitucional y caiga en la inhabilitación en vísperas de las inevitables elecciones autonómicas de Cataluña del próximo otoño.

En suma estamos ante una compleja partida de ajedrez en la que Rajoy lleva las fichas blancas y en la que los secesionistas empiezan a sufrir entre ellos un cúmulo de divergencias a la hora de hacer movimientos, en el tablero donde se está acabando el tiempo aunque hasta el 1 de octubre queda mucha partida por jugar a sabiendas unos y otros que el Estado, por las buenas o por las malas, no puede perder.