Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com

Una sentencia decepcionante y para levitar

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No sorprende que Miguel Roca, abogado de la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, declare al conocer la sentencia absolutoria de su defendida que estaba ‘levitando’. Motivos tienen él y otros abogados del caso Nóos, empezando por el de Iñaki Urdangarin, condenado solo a 6 años y 3 meses de prisión, para levitar de alegría, porque la sentencia resulta decepcionante y producirá amplio malestar en la ciudadanía y la sospecha fundada de que todos los españoles no son iguales ante la ley.

Al contrario de lo que declaró el Rey Juan Carlos I en un mensaje navideño y en alusión al caso Nóos que fue una de las causas de su abdicación ante el riesgo verse afectado en la trama por sus presuntas gestiones en favor del negocio de su yerno Urdangarin y la Infanta Cristina ante las Comunidades de Baleares y Valencia y los ayuntamientos de Madrid y Valencia. Así se desprendía de las reuniones que los gobernantes de esas instituciones y los miembros de la trama habían mantenido en los Palacios de Marivent y La Zarzuela en Madrid. Una situación esta que llevó al Rey Felipe VI a retirar el título de Duques de Palma a sus cuñados.

Si a los cabecillas de la Gürtel de Valencia les acaban de condenar a 13, 12 y 9 años de cárcel por el amaño de un solo contrato de la Comunidad de Valencia en la Feria de Fitur, parece asombroso que al primer autor de la trama Nóos, que es Urdangarin por su condición de miembro de la Familia Real, lo que constituía la base del negocio, solo se le haya condenado a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal, mientras que a su socio Diego Torres que era el administrador, le han caído 8 años y seis meses de prisión, al añadirle a los mencionados delitos el de blanqueo de capitales.

Como asombroso resulta que los políticos autores de los contratos de Nóos con administraciones públicas de Valencia y Madrid hayan sido absueltos, a pesar de su ‘necesaria colaboración’ en delitos similares a otros que se han juzgado. Con la excepción hecha del e presidente balear Jaume Matas, que confesó su delito y al que le han dictado una condena de 3 años y 8 meses de prisión incluso después de haber colaborado con el fiscal. Y asombroso es que la responsabilidad civil que se les imputa a Urdangarin y Torres sea inferior al monto recaudado en sus negocios públicos.

En cuanto a la infanta Cristina la sentencia la declara inocente y solo se le aplica una multa de 265.000 euros como la beneficiaria del negocio de su esposo, dejándose fuera su presunto delito fiscal. Aunque parece claro que su colaboración con la trama y el uso de su nombre y de la Familia Real formó parte decisiva del negocio delictivo. Otra cosas es que no se haya podido demostrar una relación directa de la Infanta con las actuaciones de la trama y con su esposo Iñaki Urdangarin, una vez que Cristina declaró desconocer lo que hacía su esposo, a pesar de ser ella accionista del 50 % de la sociedad Aizoon que facturaba a Nóos.

Una actitud la de Cristina que recuerda las excusas recientes de Ana Mato, esposa de Jesús Sepúlveda o Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas en el caso Gürtel. Y no digamos si comparamos el trato de favor recibido por la Infanta con lo que pasó con Isabel Pantoja como lo ha recordado el juez instructor del caso, José Castro.

Y a no perder de vista que esta trama delictiva también estafó a varias empresas de la cúpula de Ibex que no quisieron denunciarla por estar implicada parte de la familia del Rey Juan Carlos I. Empresas de las que Urdangarín y Torres recibieron altas cantidades económicas a cambio de supuestas asesorías y de presuntos trabajos no realizados o de informes copiados de Internet, lo que de haber llegado a juicio habría supuesto más delitos, incluido el fiscal.

En suma, y aunque a algunos les parezca una proeza que la Infanta se haya sentado en el banquillo y que se haya condenado a Urdangarin podemos decir, como el abogado Roca, que la sentencia es para ‘levitar’. Y no solo los abogados de alegría sino todos los españoles de indignación porque se merecían una sentencia justa y similar a las dictadas a otros delincuentes de la corrupción. Pero está claro que en este juicio no cabía la ejemplaridad sino más bien la socorrida 'razón de Estado'.

Y ello pesar de la encomiable instrucción del juez José Castro que sufrió presiones de todo orden y descalificaciones personales incluso por parte del muy sospechoso fiscal Pedro Horrach. El que ahora debería recurrir ante el Tribunal Supremo las bajas penas impuestas a los condenados que son muy inferiores a las que él pidió así como la exclusión de los delitos de Valencia y Madrid. Pero Horrach no lo hará demostrando que estaba en la 'pomada' y ahora levitando de alegría como Roca, y porque el nuevo Fiscal General -para eso lo han nada nombrado- no lo permitirá.

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