La obligada respuesta a la rebelión de Forcadell

Si alguien piensa en Cataluña que la crisis institucional española que se deriva de la ausencia de Gobierno y del enrevesado y agotador proceso de investidura puede ser leído como un ‘vacío de poder’ propicio para un golpe -casi de Estado- contra la legalidad y la Constitución se va a equivocar como ya se equivocó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, al poner en marcha la independencia de Cataluña con el llamado proceso de desconexión del Estado.

El Gobierno en funciones sigue siendo Gobierno de España y la Justicia ni descansa ni está de vacaciones y por ello el Tribunal Constitucional anulará las últimas propuestas aprobadas por el Parlamento catalán. Y abrirá diligencias para proceder a la inhabilitación de la presidenta de la Cámara y a los miembros de la Mesa que secundaron su rebelión en contra de la legalidad y la Constitución a sabiendas de lo que hacían y en desafiante desobediencia al TC que expresamente había advertido a Forcadell de la prohibición de avanzar por la senda secesionista. Lo que la sitúa en la vía penal como lo ha pedido y subrayado el Ejecutivo en su ‘incidente de ejecución’ transmitido al Tribunal Constitucional.

Sin embargo la rebelión de Forcadell -que juega a ser la heroína de la próxima Diada- tiene un trasfondo superior que implica al Gobierno de la Generalitat que preside Puigdemont, porque empieza a entrar en el terreno de la ilegalidad y de la ‘desconexión’, dibujando un cuadro que pone en riesgo la suspensión al Estatuto Catalán.

Que es precisamente lo que a lo mejor hay que hacer si las cosas siguen como van y lo que buscan, en pos del enfrentamiento total en Cataluña y con el Estado -el choque de trenes-, quienes dirigen esta operación que no son otros que la CUP, el partido antisistema y asambleario que se ha hecho con el control de la política catalana.

Y que, teniendo bajo amenaza el gobierno de Puigdemónt, conduce el país hacia el borde del precipicio de la mano de ERC y CDC, y también con la ayuda y la complicidad encubierta de los poderes económicos y mediáticos que llevan años jugando con el fuego de la independencia convencidos que el Estado nunca se atreverá a suspender el Estatut, porque dio signos de debilidad en la consulta ilegal del 9N, o cuando la fiscalía que instruyó la causa de la citada consulta del 9N no se atrevió a encausar ni a Mas ni a Homs por la vía penal como era su obligación.

Pero estamos llegando al final de una escapada que dura demasiado tiempo y donde partidos nacionales como Podemos y el PSC-PSOE no han cesado de coquetear temerariamente con el referéndum para la autodeterminación -a la ‘escocesa’ o ‘canadiense’- dando nuevas alas a los promotores de la rebelión.

Mientras en Madrid el gobierno ahora en funciones de Rajoy recibe al vicepresidente de la Generalitat como si nada pasara en Cataluña y en el Congreso de los Diputados PSOE y PP se disponen a ceder un Grupo Parlamentario a Convergencia para que Homs lo utilicen de altavoz contra España, recibiendo una suculenta financiación.

Demasiada vista gorda con el independentismo y paños calientes y muchos señorones del poder económico catalán enviados a Madrid con su demencial doble discurso y sus propuestas de ‘diálogo’ que no son otra cosa que un intento de crear la confusión y ganar tiempo a favor de imponer hechos consumados hacia la secesión.

De manera que hasta aquí hemos llegado y hora es que cada uno esté en su sitio y comprometidos con la legalidad y la Constitución sin mas excusas ni contemplaciones porque el juego de los desafíos tiene que llegar de una vez por todas al final. La presidenta del Parlamento de Cataluña ya se ha topado con la pared del TC y, a partir de ahora, es el Estado, el Gobierno y la Justicia los que, sin miramientos ni matices de ningún tipo, deben actuar.