La función del Rey en la investidura

Ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo que la Constitución impide ‘borbonear’ al Rey. No es verdad porque no existe semejante precepto ni alusión al ‘borboneo’ y buena prueba la tiene el señor ministro en el Rey ‘emérito’ don Juan Carlos I que hizo cuanto quiso de su manto un sayo y por doquier.

Hacía semejante comentario el inagotable García-Margallo a propósito de unas imprudentes declaraciones de Albert Rivera donde anunciaba que le pedirá al Rey Felipe VI, en el encuentro previsto para el jueves, que ‘presione’ a Pedro Sánchez a fin de que el PSOE decida abstenerse en la investidura de Rajoy y de esa manera se pueda formar gobierno y evitar terceras elecciones.

El joven Rivera deambula errático por el campo de la política y debería saber que la presión mas eficaz para que el PSOE se abstenga sería que C’S votara a favor de Rajoy en lugar de abstenerse, lo que constituye un error y una finta fallida porque con voto o abstención Rivera se habrá puesto del lado de Rajoy, como se puso de lado de Sánchez durante la anterior legislatura pero en aquel caso votando a favor del PSOE.

Es verdad que en esa pasada legislatura las consultas del Rey con los líderes políticos no fueron acertadas y los resultados están ahí tras las segundas elecciones del 26-J. Se detectó en esa ronda del monarca un error de partida como fue que don Felipe VI propusiera a Rajoy que acudiera al Congreso de los Diputados a someterse a la investidura solo por ser el ganador de los comicios del 20-D y aún a sabiendas que carecía de los apoyos necesarios para salir airoso.

El error del Rey partía de la propaganda lanzada por el PSOE según la cual el ganador de las elecciones debía presentarse a la investidura tuviera o no los apoyos necesarios, lo que es absolutamente falso y no figura –como el ‘borboneo’- en ninguna ley ni en la Constitución.

No en vano de igual manera que en el régimen parlamentario español el partido ganador de las elecciones no es necesariamente quien debe gobernar si no tiene una mayoría de diputados suficientes, el ganador de las elecciones tampoco tiene por qué presentarse a la investidura si carece de votos para salir elegido. Por ello el Rey Felipe VI se equivocó al proponer a Rajoy y, en consecuencia, obligó a Rajoy a ‘declinar’ la propuesta real quedando ambos en evidencia.

De manera que está claro que la función del Rey en el proceso para la investidura de presidente y formación del nuevo gobierno tiene que ser la de explorar la pretensiones de los líderes políticos y evaluar si alguno de ellos está en condiciones de concitar los apoyos suficientes para ser elegido por el Congreso de los Diputados para que el Rey lo proponga como candidato a la investidura.

Lo que no puede hacer el monarca es presentar a Rajoy solo porque gano las elecciones del 26-J, ni tampoco a ningún otro que no acredite de manera fehaciente tener los apoyos necesarios. Y decimos acreditar fehacientemente porque en la pasada legislatura Pedro Sánchez dijo al Rey -y al Comité Federal de su partido- que él tenía los apoyos y no era cierto como se demostró.

También es cierto que, precisamente por ese planteamiento erróneo del Rey de proponer de candidato al ganador de las elecciones del 20-D, se detectaron ciertas tensiones en la segunda visita de Rajoy al Rey. De la misma manera que, imaginamos que por simpatía generacional, el monarca propuso a Sánchez a la investidura sin previamente saber a ciencia cierta que tenía los apoyos de los que presumía. Aunque en este caso algo tuvo que ver el anuncio que Iglesias le hizo al monarca de su disposición para formar gobierno con el PSOE. Otra falsedad porque el líder de Podemos ya tenia en la cabeza el pacto con IU para alcanzar el ‘sorpasso’ al PSOE en la repetición electoral.

Las presuntas presiones del Rey a los líderes políticos no son tales por el simple hecho de que nadie estaría obligado a aceptarlas, ni podría el Rey imponer su criterio. Ahora bien, que el monarca intente llevar al ánimo de los dirigentes políticos la necesidad de que España tenga un gobierno fuerte y estable no solo forma parte de su función sino que es la obligación del Jefe del Estado en la clara defensa del interés nacional y a sabiendas que la última palabra la tendrán los líderes políticos que acuden a la consulta real.