La Infanta sigue en el banquillo, justo y bueno para la Corona

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Palma de rechazar el recurso de la Infanta Cristina en el que se solicitaba su exclusión de la causa por la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ es una buena noticia porque se hace justicia. Y se confirman las decisiones del juez instructor y la Audiencia Provincial que señalaban a la Infanta como colaboradora necesaria en dos delitos fiscales que dañan a la Hacienda pública en complicidad con su esposo Iñaki Urdangarín. Delitos que por otra parte había reconocido el fiscal que pretendió excluir a doña Cristina.

El auto de la Audiencia de Palma que obliga a la Infanta a permanecer en el banquillo y someterse a todo el proceso, interrogatorio incluido, es también una buena noticia para la Corona porque la exculpación de la Infanta a la vista de los claros indicios y de las decisiones al respecto del juez instructor de la Audiencia Provincial habría provocado un escándalo monumental y dañado, en el vigente momento de consultas del Rey en el proceso de investidura del presidente del Gobierno, la figura de don Felipe VI e incluso de la Jefatura del Estado y también la monarquía.

Asimismo el auto de la Audiencia ha dejado en evidencia a la fiscalía y a la abogacía del Estado que han actuado de manera temeraria en favor de la actuación de la defensa de la Infanta, que también ha sido abatida en sus pretensiones. Y no solo han sido desautorizados en el ámbito de la legalidad sino en sus actitudes agresivas y de clara connivencia con la Infanta con invectivas personales en contra del juez instructor José Castro, a quien llegó a descalificar de mala manera el fiscal Horrach.

El mismo fiscal que también pretendió sin éxito desactivar la Acción Popular de Manos Limpias lo que tampoco habría sido un motivo de exculpación de la Infanta por existir daños concretos a la Hacienda pública y las decisiones previas del juez instructor y de la Audiencia Provincial. Lo que deja en pésimo lugar al fiscal Horrach y a quienes ampararon su actuación desde la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy quien llegó a decir que ‘a la Infanta le irá bien’.

De ahí que las palabras del abogado de la Infanta Miquel Roca en las que afirma que se ha favorecido a la acusación popular no sean del todo correctas. Un Miquel Roca que, según afirmó, no piensa buscar la negociación de reconocimiento de culpa de la Infanta para que pueda salir del banquillo, entre otras cosas porque ese posible pacto no solo se tendría que hacer con la fiscalía sino también con la acusación de Manos Limpias y visto lo ocurrido no creemos que esté por la labor.

En cuanto a la Casa Real no cabe duda que la permanencia de Cristina en el banquillo y el riesgo de una condena penal constituyen una mala noticia para el Rey Felipe VI tanto en lo institucional como también en lo personal y familiar. Pero como hemos dicho peor hubiera sido que la infanta, por presiones políticas, hubiera sido excluida de la causa.

De hecho el Rey ya se distanció claramente de este proceso cuando le retiró a la infanta y a su esposo el ducado de Palma y ahora falta por saber si, en las actuales circunstancias, Cristina aceptará renunciar a sus derechos a la sucesión del trono. Algo a lo que se ha negado hasta ahora entre otras cosas porque consideraba que eso dañaba a sus hijos y porque una decisión así podría suponer un anticipado reconocimiento de culpa. Porque piensa que si se la declara inocente en la sentencia final, ¿por qué habría de renunciar?

Pues por el mismo motivo de ejemplaridad por el que abdicó su padre, el Rey Juan Carlos I. Porque su actuación como propietaria del 50% de los negocios de su esposo Urdangarin en Aizoon y la utilización de la imagen de la Corona en el caso Nóos incluyen una responsabilidad de corte político, moral e institucional, por la posición que ella ocupaba en la entonces Familia Real, sin excluir la presunta responsabilidad penal.