Si la Infanta se libra, peor para la Corona

Histórica y preocupante imagen la de la Infanta Cristina, hermana del Rey Felipe VI e hija del Rey Juan Carlos I, y su esposo Iñaki Urdangarin, sentados en el banquillo de acusados del caso Nóos que juzga varios delitos de fraude y estafa al erario público de varios millones de euros.

Una imagen pésima para la Corona que, en ámbitos del Gobierno se pretende paliar con la salida de la Infanta del juicio como consecuencia de una estrategia pactada con el fiscal Horrach y convencidos de que, a pesar del alto coste de dicha operación, 'el tiempo lo cura todo' menos una condena de un miembro de la familia del Rey.

Por ello quienes pretenden librar del juicio a la Infanta por causa de sus presuntos delitos fiscales -de los que hay pruebas e indicios-, con ayuda del fiscal Horrach, piensan que el coste político y social que para la Corona tendrá esta maniobra se diluirá en cuestión de meses o semanas. Máxime vista la trepidante actualidad e inestabilidad política del país donde el Rey Felipe VI tiene un destacado protagonismo tal y como se vio ayer cuando la Casa Real anunció que el monarca no va a recibir a la presidenta del Parlamento catalán.

Mientras que la presencia de la Infanta en el juicio y el riesgo de una condena producirá -según los estrategas del poder- a la Monarquía un daño mayor que el que podría desprenderse de la sensación general de un fraude jurídico y de la prueba manifiesta de que todos los españoles no son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana de Rey.

Creemos, al contrario de lo que piensan algunos, que tanto el juicio como la posible condena de la Infanta Cristina son menos dañinos para la Corona que la sensación de un fraude judicial y la prueba de que todos los españoles no son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana de Rey y todo ello parapetado en la llamada 'doctrina Botín'.

Una doctrina infame en sí misma que libera de responsabilidad penal a quienes han defraudado a la Hacienda pública si el Fiscal y la Abogacía del Estado no acusan -lo que en ambos casos depende del Gobierno de turno-, y que años atrás se aplicó al ex presidente del Santander Emilio Botín y a varios de sus colaboradores. Con el añadido, en aquel caso y tras varias maniobras del Gobierno, de que la fiscalía y la abogacía del Estado no reconocían entonces la existencia de delitos.

Cosa que no concurre en el caso Nóos donde el propio fiscal Horrach reconoce la existencia de delito fiscal pero solo lo aplica a Urdangarin en contra de lo instruido por el juez José Castro -luego confirmado por la Audiencia Provincial-, y las pruebas que certifican la 'colaboración necesaria' de la Infanta Cristina, que además era propietaria del 50% de la sociedad Aizoon, en el delito fiscal.

El que debería ser perseguido de oficio por la fiscalía en defensa de los intereses de la ciudadanía y del erario público, lo que asombrosamente evita Horrach, olvidando de paso la otra 'doctrina Atutxa', donde no se aplicó la 'doctrina Botín' ni hubo exoneración alguna porque estaban afectados en ese proceso: 'bienes de titularidad colectiva y naturaleza difusa o de carácter meta individual'.

En el colmo de la desfachatez el fiscal Horrach -en cuyos escritos de descalificación vejatoria del juez Castro se vio su intención procesal- llegó a decir en la apertura de juicio que si la Infanta Cristina sigue en el proceso ello supondrá 'quebrantar la igualdad y discriminarla' (sic). Que es precisamente lo que pretende hacer Horrach en su beneficio.

Y lo que hizo respecto a la mujer de Diego Torres -el socio de Iñaki Urdangarín- Ana Tejeiro, para utilizarla de coartada como se ha visto en el nuevo informe que Horrach se sacó de la manga de la Agencia Tributaria, para certificar que Hacienda no ha investigado a la Infanta lo que entra en la lógica de los favores del poder en los que estamos.

Horrach quiere convertir en realidad las palabras de Rajoy, de hace dos años, en las que dijo: 'Estoy convencido de la inocencia de la Infanta, le irá bien'. Y puede que así ocurra, pero si le va bien a ella a lo mejor no le va también a su hermano Felipe VI en estos tiempos en los que los silencios del bipartidismo PP-PSOE ahora pueden ser desbordados por otros destacados actores del Parlamento nacional. En todo caso si la Infanta es tan inocente como dicen algunos ¿a cuento de qué debería renunciar a sus derechos de sucesión al trono como piden los mismos que la quieren exonerar? O ¿por qué se le retiró el ducado de Palma?

La flagrante intervención del Gobierno a favor de la Infanta Cristina es un daño añadido a la crisis institucional que vive este país donde está claro que la Justicia no es igual para todos los españoles. Lo que debe evitar manteniendo a la Infanta en el proceso el tribunal que la tiene que juzgar para decidir al término del juicio si tiene responsabilidad en su presunto fraude fiscal.