Un Gobierno tripartito, PP, PSOE, Ciudadanos

El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo ha calificado el desafío secesionista catalán como una ‘emergencia nacional’, para enmarcar las conversaciones que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy está teniendo en la Moncloa con dirigentes políticos nacionales, como ocurrió el miércoles con Pedro Sánchez y este viernes se volverá a producir con los anunciados encuentros con Albert Rivera y Pablo Iglesias, a los que se debería sumarse Alberto Garzón en su condición de primer candidato de IU.

El objetivo de estos encuentros no es otro que el de intercambiar opiniones sobre el desafío secesionista en curso entre los representantes de partidos nacionales y constitucionalistas en pos de aunar una respuesta conjunta al desafío y apoyar las decisiones que al respecto adopte el Gobierno de España.

Parece claro que tanto el PP como PSOE y Ciudadanos están dispuestos a la unidad de acción, pero falta ver y conocer la posición que adoptan IU y Podemos porque ambos partidos defienden la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio catalán. Y en consecuencia rechazan el marco constitucional vigente y el hecho de que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles y no solo en una parte de ellos como lo afirman los independentistas catalanes.

En estas graves circunstancias el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha propuesto un gran acuerdo nacional para defender la unidad de España entre el PP, PSOE y Ciudadanos, lo que nos parece bien. Y lo que podría ser el embrión de un futuro pacto de gobierno tripartito entre los citados partidos al término de los comicios generales del próximo 20 de diciembre en los probablemente nadie obtendrá una mayoría suficiente para gobernar, lo que obligará a pactar para la formación de un Gobierno estable sobre la base de una amplia mayoría parlamentaria.

No en vano la estabilidad del próximo Gobierno que salga de las urnas del 20-D es una necesidad imperiosa para abordar tres cuestiones esenciales: la defensa de la unidad de España; la búsqueda de unos nuevos ‘Pactos de la Moncloa’ para lograr la recuperación de la economía y el empleo, como se hizo al inicio de la Transición; la solución de los problemas de pobreza; la lucha contra la corrupción, y la puesta en marcha de una reforma de la Constitución que, entre otras cosas, contemple la separación de los poderes del Estado, la ley electoral y la financiación autonómica. Motivos todos ellos por los que será necesario un gobierno que sume más de 210 diputados del Parlamento (que probablemente no sumarían dos partidos).

Estamos hablando de un gobierno tripartito nacional para después del 20-D que deberá ser presidido por un presidente consensuado entre PP, PSOE y Ciudadanos y con un programa de acción inmediata para los tres capítulos aquí mencionados (unidad de España, economía y empleo y reforma constitucional). Se trata de un acuerdo de Estado para el que hará falta que los partidos políticos en cuestión y sus dirigentes actúen con responsabilidad y generosidad, tal y como se hizo hace ahora 38 años con el inicio de la Transición, tras las elecciones generales de 1977.

Aunque de momento el acuerdo tripartito deberá ponerse en marcha en torno a la defensa de la unidad de España y a las medidas que deberán adoptar el Gobierno de Rajoy, los tribunales –el Constitucional de especial manera- y el conjunto de las instituciones del Estado para defender y si hace falta imponer el acatamiento de la legalidad y el orden constitucional.

A ser posible dentro de los parámetros de ‘prudencia y proporcionalidad’ de los que habla el presidente Rajoy, quizás con un exceso de cautela porque esos no son los modales ni las actitudes que se aprecian en el bando secesionista desde donde se anuncia la violación de la legalidad y la desobediencia a la Justicia, empezando por el Tribunal Constitucional. Prudencia y firmeza es lo que hace falta a la hora de abordar el desafío secesionista.

Y por supuesto unidad entre las fuerzas políticas constitucionales y también y en Cataluña entre grandes sectores de la sociedad civil, ahí incluidas las empresas y las instituciones financieras que deberían pronunciarse y actuar en consecuencia a la vista de la gravedad de la situación en la que estamos inmersos por causa de los comportamientos antidemocráticos de los que pretenden la ruptura de la unidad nacional.

De ahí la importancia del pacto tripartito inicial entre PP, PSOE y Ciudadanos sobre la respuesta constitucional al secesionismo. Y la necesidad de reflexionar sobre la la necesidad de que este pacto se proyecte ahora, tras las elecciones generales del 20-D, hacia la configuración de un Gobierno estable y ‘constituyente’ que garantice la estabilidad política, la recuperación de la economía y el empleo, la solución de los problemas de la pobreza, la defensa de la unidad nacional, la lucha implacable contra la corrupción y una moderna reforma del marco constitucional.