No llegará la sangre al rio Ebro que el inefable presidente de Cantabria, Revilla, amenaza con desviar de su curso natural para que no llegue a su desembocadura catalana en el caso de que Artur Mas declare, por su cuenta y riesgo, la independencia de Cataluña. El lugar donde su actual parlamento acaba de condenar a Jordi Pujol. El que fuera el padre de la ‘nueva patria’ catalana y guardián de cuentas opacas en Andorra y de una inmensa fortuna familiar, presuntamente engordada por sus hijos a la sombra de los entornos económicos de la Generalitat.

Lo que la Fiscalía del Estado sigue a cierta y calculada distancia, como lenta va la Justicia catalana sobre los presuntos delitos de Artur Mas en la pasada Consulta del 9N, porque alguien de Madrid o Barcelona debe de estar moviendo los hilos de jueces y fiscales con extraña parsimonia y una más que sospechosa ambigüedad.

Pero las diatribas y desafíos al Estado y la legalidad de Artur Mas y de sus compañeros de viaje en la ‘lista unitaria’ empiezan a causar malestar en la opinión pública y en las filas del PP. Mientras, Rajoy no mueve un dedo -dicen que para no enseñar sus cartas al adversario- y se limita a prometer que no habrá independencia de Cataluña y que todo está preparado para responder ante cualquier intento de secesión al margen de la legalidad.

Desde el PSOE, Pedro Sánchez también ha entrado en la polémica y acusa a Mas de fracturar y enfrentar a la sociedad catalana. Mientras Duran i Lleida advierte que Unió defenderá el catalanismo moderado frente a los disparates y extrañas alianzas con la izquierda de Artur Mas. De Ciudadanos se sabe poco, aunque tiene el valor probado en estas lides, y de los de Podemos nada nuevo sobre este tema porque ellos suelen dar una de arena y otra de cal.

El chupinazo de salida se dará cuando Mas anuncie oficialmente la convocatoria de las elecciones. Y a partir de ahí comenzará a ritmo de verano una agotadora campaña electoral, mientras en Madrid será el Parlamento nacional el que aborde los Presupuestos del Estado en los que -hay que decirlo- la aportación fiscal de la Comunidad de Madrid a las arcas públicas, supera con creces -más del doble- a la de Cataluña en contra de lo que pregonaban los adalides del infame y mentiroso eslogan del ‘España nos roba’. El que ahora deberían de aplicar a los Pujol, y a otros artistas de la corrupción nacionalista catalana que nada tienen que envidiar a otros no menos escandalosos casos de la corrupción detectada en el resto del Estado español.

El problema que se plantea en el preámbulo de la convocatoria de las elecciones catalanas está en que Mas ha pasado a la acción por la vía de hechos y amenazas, mientras que el Gobierno y el resto de los partidos constitucionalistas están por ahora en el ámbito de las palabras y en la espera de los acontecimientos por si, finalmente, el Ejecutivo de Rajoy se decide a pasar a la acción.

Desde luego no hay que dramatizar pero tampoco perderle la cara a los que se presentan como los dueños de la situación, mientras presumen en el palacio de la Generalitat, que representa al Estado en Cataluña, que ellos ni aceptan ni acatarán la legalidad. Lo que afirmado desde esa alta institución constituye un hecho político y jurídico que bien merece una respuesta concreta que está tardando en llegar.