La Infanta al banquillo y querella contra Mas

Ayer fue un buen día para la Justicia española, a pesar de los pesares. Es decir a pesar de la intromisión del poder Ejecutivo y sus ramificaciones diversas en el ámbito judicial para intentar ocultar y frenar el descalabro de este fin de Régimen en el que, además de una crisis económica y social mal gestionada por los últimos gobiernos del PSOE y del PP, ha salido a flote en todo su ‘esplendor’ y con su repugnante olor el gigantesco pantano de la corrupción nacional que afecta a los principales partidos del país, PP y PSOE, y que se proyecta y daña por acción u omisión a instituciones como el Poder Judicial, el Gobierno nacional, varios gobiernos autonómicos y la Corona, ahí incluida.

Así se aprecia ahora con la decisión, ejemplar, del juez Castro de sentar, contra el viento y las mareas de las presiones políticas, a la Infanta Cristina en el banquillo de los acusados del caso Nóos por su responsabilidad y ‘cooperación necesaria’, en el presunto doble delito fiscal -que reconoce el fiscal aunque sólo acuse a Urdangarin- de la sociedad Aizoon de la que doña Cristina era propietaria y beneficiaria al 50 %, al igual que su esposo Iñaki Urdangarin. El que también va camino del banquillo de los acusados del juicio oral por este mas delitos, por los que el fiscal le pide cerca de 20 años de cárcel a Urdangarin, mientras que la acusación popular le solicita 8 años de prisión para la Infanta, y el juez Castro fianzas por responsabilidad civil de casi 15 millones a Urdangarin y de 2,6 millones a la Infanta.

Desolación en la Casa Real donde dicen respetar la decisión del juez -¿qué otro remedio les queda?- y desde donde al parecer y, una vez agotados los plazos y las maniobras de presiones de los palacios usando la Fiscalía y la Abogacía del Estado para intimidar al juez, ahora los esfuerzos ‘reales’ se centran en conseguir que la Infanta doña Cristina renuncie a sus derechos dinásticos -es la sexta en la línea de sucesión- al trono de España. Lo que, a ojos de algunos, podría significar un reconocimiento de culpabilidad por parte de la Infanta que aún no ha sido condenada. Otros especulan con la posibilidad de que su hermano el rey Felipe VI, les retire a la Infanta doña Cristina y a su esposo Iñaki Urdangarin, el título de Duques de Palma.

Sin duda, unos cortafuegos tardíos e inútiles porque el daño a la Corona está hecho, por más que doña Cristina no forme parte de la Familia Real. Puede incluso que su procesamiento camino del juicio oral sea lo mejor que le haya podido ocurrir al Rey Felipe VI porque de lo contrario el escándalo habría sido mayor y todas las sospechas se habrían centrado en el palacio de la Zarzuela, como presunto escudo protector de la Infanta.

De ahí el interés que despierta el inminente primer discurso del Rey Felipe VI con motivo de la Navidad, y no solo por el caso de su hermana Cristina, sino por la corrupción en general y por la grave crisis económica y social del país que el presidente Rajoy dice que ya se acaba, y por el deterioro galopante del actual modelo bipartidista español -con un PP en caída libre y un PSOE con riesgo de estallar- de cara al intenso año electoral de 2015 que está al llegar. Un tiempo apasionante en el que don Felipe VI tendrá la oportunidad de afianzar su temple y su reinado, sobre todo si su función moderadora asume protagonismo ante la eventualidad de que aparezcan dificultades -tras los comicios generales- a la hora de construir mayorías estables para Gobernar.

Y penosa y sospechosa de prevaricación la actuación del fiscal Horrach en el caso Nóos, con la Infanta Cristina y también con otros procesados, así como pésima fue la actuación de la Abogacía del Estado. Y fracaso absoluto de la defensa de Miguel Roca y sus teorías del ‘amor ciego’. El que insiste en recurrir lo que no es recurrible, y se apresuró a pagar la multa del fiscal y a jalear ‘la doctrina Botín’ que no es aplicable en este caso una vez que el fiscal reconoce el delito fiscal en el seno de Aizoon, y que están en juego bienes intangibles del interés general, como es el dinero público, lo que da pie y derecho a la acusación popular, como ya ocurrió en el caso Atutxa.

¿Qué pensará ahora el ex fiscal general Torres Dulce que amparó todas las temerarias e indecentes -pos descalificatorias del juez- actuaciones del fiscal Horrach? Quizás Torres Dulce se consuele con el hecho nuevo de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite -como no podía ser de otra manera- su querella contra Artur Mas por los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación y prevaricación con motivo de la celebración de la Consulta del 9N después de la suspensión explícita dictada por el Tribunal Constitucional.

La responsabilidad de Mas -a quien se le está desinflando en Cataluña su proceso independentista política y socialmente, en medio del espectáculo general de la corrupción de los Pujol y de CiU- es clara en estos presuntos delitos y solo falta por ver que la Corte catalana confirme su imputación en el curso de la investigación y la instrucción que llevará a cabo en próximos meses y sin más dilación. Que es lo mismo que debe hacer el juez Ruz con el caso de los papeles de Bárcenas antes de que el Gobierno de Rajoy logre apartarlo en marzo de la Audiencia Nacional gracias a su larga mano en el Poder Judicial. Larga mano que, afortunadamente, no llega a todas partes ni a todos los juzgados como el juez José Castro lo acaba de demostrar.

1 comentario
  1. Isacar Cohen Amselem says:

    Soy partidario de que quien la haga la pague. Desde el mismísimo Rey hasta el mas humilde de los españoles deben responder ante la Justicia si hay causa. Incluida desde luego la Infanta Cristina y el vividor de su marido.
    Otra cosa es que me de la impresión de cierto encanallamiento por parte del Juez Castro, un antiguo funcionario de prisiones venido a mas por mor del 4º turno, en perseguir sañudamente a la Infanta, precisamente por ser quien es. No parece que su actuación sea limpia y justa sino rencorosa y con afán de notoriedad.

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