Se va Torres Dulce, el Fiscal General

Se fue el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón por discrepancias con el presidente Rajoy sobre la ley del aborto (que al final se queda como está, gracias a las inquietudes electorales de Pedro Arriola), y ahora se nos va el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, unas semanas después de la llegada del nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, y cuando la acción procesal de la Fiscalía del Estado está inmersa en casos de alto voltaje en el debate político y social.

Casos que van de la consulta ilegal del 9N (donde se produjo una rebelión de fiscales catalanes), a casos de corrupción de la Infanta Cristina, Gürtel y Luís Bárcenas, Pujol, Bankia, Caixabank, CCM, ERES de Andalucía y un sin fin de procesos abiertos que ahora se adornan con el ‘pequeño Nicolás’.

Está claro que la dimisión de Torres Dulce, un año antes de que termine la legislatura no es ‘por motivos personales’ -como aduce el fiscal en su carta de despedida, sin decir verdad- sino que se trata de o una venganza política contra Rajoy (y puede que Soraya Sáenz de Santamaría), una dimisión que incluye el reconocimiento de un fracaso por parte de un fiscal conservador que se decía ‘independiente’, y se equivocó y se pasó de la raya por acción u omisión. O simplemente de un cese forzado porque Torres Dulce ya no podía más con su obediencia ciega al poder Ejecutivo y discrepancias en el ámbito judicial y procesal.

Y todo ello por más que muchas de sus propuestas y críticas a las reformas del Gobierno de Rajoy en los ámbitos judicial y fiscal parezcan razonables en muchos aspectos (no en todos), así como sus afirmaciones y propuestas en la lucha contra la corrupción que no se compadecen con muchas de las actuaciones de Torres Dulce en notables casos de corrupción política, o desafuero institucional. No en vano muy poco tardó la fiscalía en pedir cárcel incondicional y sin fianza para Bárcenas y mucho en personarse en los ‘papeles’ del extesorero del PP.

Como tardó demasiado en actuar, antes, durante y después de la Consulta secesionista catalana del 9N, a pesar de los indicios flagrantes de ilegalidad y ruptura del orden constitucional que estos hechos incluían. Tal y como se detallan en la querella presentada posteriormente por el Fiscal General y en la que se relatan actuaciones de Artur Mas que debieron ser objeto de una acción de la fiscalía en el mismo momento en el que se produjeron.

Y ¿qué pasa con los Pujol? ¿Cómo es posible que la familia Pujol, a la que se le han detectado cientos de millones fuera de España en paraísos fiscales y delitos como los confesados directamente por el patriarca Jordi Pujol, no reciben un trato similar al de Luis Bárcenas? Tanto en este caso como en la Consulta del 9N se puede decir que ‘algo huele a podrido’ o que existen en ambos asuntos intrigas políticas e incluso negociaciones ocultas, como las de Pedro Arriola en Barcelona, en vísperas de la Consulta secesionista.

En el caso de la Infanta Cristina, otro proceso emblemático de gran alcance social, la fiscalía no solo ha actuado mal, bajo la sospecha de la influencia política del Gobierno y la Corona, y renegando de su función acusatoria (como lo subrayó el auto de la Audiencia Provincial de Palma), sino que el propio Torres Dulce intervino de manera temeraria en el debate público para declarar que la Infanta era ‘inocente’. Y está por ver como acaba este proceso donde el fiscal Horrach debió ser apartado por sus modales contra el juez Castro y por una actuación que huele a ‘prevaricación’.

Se va Torres Dulce sin explicar el por qué, y a todas luces enfrentado con el Gobierno, y solo falta por saber si se ha ido él para desairar a Rajoy, o si le han obligado a irse del cargo tras dejarlo en una imposible posición tal y como se hizo en su día con el ministro Gallardón.

Lo lamentable de este cese o dimisión es que Torres Dulce no se atreva a decir la verdad de lo que ha pasado y que, aunque ahora descansará desde su cargo de fiscal de Sala del Tribunal Constitucional, su nombre quedará en entredicho porque bajo su mandato en la Fiscalía pasaron demasiadas cosas que nunca debieron de pasar. Quizás debió dimitir al primer choque con el Gobierno, pero tragó y a partir de ahí no paró de recular y al final y sobre todo se achantó ante el desafío secesionista catalán. Y los fiscales de dicha Comunidad se le subieron a las barbas hasta que presentó la querella tarde pero de manera implacable, lo que en parte redime su actuación como Fiscal General.

Desde luego, lo que nunca podrá escribir, ni pretender, es que estuvo Solo ante el peligro como Gary Cooper en una de sus películas preferidas. El se subió a La diligencia del poder, pactó, reculó y avanzó cuando le convino y al final el implacable Mariano Rajoy lo presionó y machacó ‘Sin perdón’. Y este fiscal, de buen talante y buena cabeza, al final ha sucumbido víctima de los juegos opacos del poder que a lo mejor pensó que no existían o que eran fáciles de vadear con un Río Bravo de poca profundidad, que resultó ser un torrente, un ‘Río sin retorno’, donde resulta imposible navegar.