Los Pujol imputados

El próximo 27 de enero Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mirella y Pere tendrán que declarar en calidad de imputados en el juzgado número 31 de Barcelona donde la jueza Beatriz Balfagón investiga los presuntos delitos de fraude a Hacienda y blanqueo de capitales por parte de la familia Pujol.

Hechos que salieron a la luz el día 25 de julio cuando el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, alertado porque se habían descubierto sus cuentas en Andorra, confesó públicamente haber ocultado durante ¡34 años! a la Hacienda Pública una importante suma de dinero que, según él, provenía de una herencia que su padre Florenci les dejó a su esposa Marta y a sus hijos. Unas explicaciones inverosímiles que hasta ahora Jordi Pujol no ha podido demostrar.

Más bien al contrario -aunque de momento no es objeto de esa causa- la fortuna de los Pujol y las escandalosas sumas acumuladas por casi todos sus hijos, que están siendo investigadas en varios tribunales, podrían tener su origen en el tráfico de influencias y la corrupción política de los años en los que Jordi Pujol presidió la Generalitat de Cataluña y CiU.

Estamos pues ante el mayor escándalo de corrupción y fraude de Cataluña y esta vez con la confesión incluida del propio Pujol quien, durante la que fue su primera aparición en el Parlamento catalán tras reconocer su fraude, se permitió lanzar toda clase de amenazas sobre otras corrupciones ajenas.

Pues bien, vamos a ver qué ocurre el próximo día 27 de enero y que hacen al respecto la Fiscalía y la Abogacía del Estado que deberían de personarse y actuar en defensa de los fondos defraudados al Estado, no vaya a ser que la Abogacía del Estado y la Fiscalía, muchas veces ausentes en los casos de los poderosos cuando no del lado de sus abogados -como ocurre con la infanta Cristina-, solo se van a personar en el caso del ‘pequeño Nicolás’.

Lo que de ser cierto estaríamos ante una doble sospecha: la de que el poder judicial de turno protege a los poderosos y solo persigue a los débiles; y la que se refiere a presuntas negociaciones secretas -como las celebradas por Pedro Arriola en Barcelona en vísperas de la Consulta del 9N – entre ciertos representantes del Gobierno de Rajoy y del presidente Mas, para ver si se le pone punto final al proceso independentista catalán a cambio de ventajas fiscales para Cataluña, y judiciales para los responsables de la Consulta que fue ilegal y para los jefes de la corrupción catalana, ahí incluidos los Pujol.

Si este es el juego político-judicial que bajo cuerda se está jugando entre Madrid y Barcelona la cosa acabará mal para todos porque se descubrirá y entonces el remedio será peor que la enfermedad. De ahí que más bien al contrario la Fiscalía catalana -advertida por la del Estado- y la Abogacía del Estado deben de estar presentes e implacables en las investigaciones que al día de hoy afectan a la inexplicable e inmensa fortuna de los Pujol.

La que tiene indignada a la gran mayoría del pueblo catalán y no digamos al resto de España cuando se sabe que Jordi Pujol es el padre y líder del proceso independentista catalán y en definitiva del discurso político del ‘España nos roba’, tan utilizado por los independentistas para justificar su pretendida fuga de España, Europa y de la legalidad.

Y que se anden con mucho cuidado el presidente Rajoy, su Gobierno y el PP, porque hemos apreciado su ‘vista gorda’ y desistimiento legal durante la Consulta del 9N, la que todos ellos prometieron que no se iba a celebrar. Algo que, todavía medio tapado en los grandes medios de comunicación y por el PSOE -que estaba implicado en la operación- provocó un profundo malestar en toda España y especialmente en Cataluña y entre los votantes del PP. De manera que mucho cuidado con el caso de los Pujol porque no solo es importante en sí mismo sino porque debe de ser transparente y a la vez ejemplar.

1 comentario
  1. Agromenawer says:

    Parece improbable, por no decir directamente que es imposible, que el caso de los Pujol sea transparente y ejemplar. Y lo peor es que aunque este caso en particular lo fuera, llegaría tarde. Después de ver a un fiscal anticorrupción ejerciendo sin ningún pudor y sin consecuencia alguna, de abogado defensor, y de que el PP haya conseguido cambiar 6 veces ya al juez del caso Gurtel -«Aguanta Luis, hacemos lo que podemos»-, los ciudadanos mínimamente informados a estas alturas ya no tenemos confianza alguna en el sistema judicial español. Algunos casos salen adelante y algunos corruptos son juzgados y condenados, sí, pero esto ocurre pese a la escandalosa ausencia de separación de poderes, no gracias a una hipotética independencia judicial en la que ya solo creen los más ilusos o los menos avisados. Para el resto de nosotros, este país necesita una reforma tan profunda que lo de Pujol ya es solo una mancha más en el mar de aguas sucias que es hoy España, un escándalo mayúsculo, sin duda, pero cuyo destino final en los tribunales no significara nada para la mayoría, sea cual sea su resultado.

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