Querella implacable contra Mas

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha presentado con apoyo de la Junta de Fiscales de España, una impecable e implacable querella criminal contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Más, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Delitos perpetrados por Más y sus colaboradores a sabiendas de su alcance penal y con desafiante actitud ante los ojos de todos los ciudadanos y que han sido reflejados con detalle y amplitud en los medios de comunicación.

Lo que sumado al relato detallado que de todo ello se hace en la querella nos conduce a pensar que no estamos hablando de meros indicios sino de flagrantes delitos que ahora deberán ser analizados y contrastados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no va a tener margen para la no admisión de la querella ni para archivar las graves denuncias que en ella se incluyen y sobre las que, a todas luces, deberá dictar sentencia condenatoria. Porque si no lo hace será el Tribunal Supremo quien lo haga y, en ese caso, veremos que ocurre con los magistrados del TSJC.

Que se lean con atención la querella del Fiscal General Todos esos que dicen -o hacen- con disimulo, como el presidente Rajoy, y con descaro como Pedro Sánchez el líder del PSOE (amén de los diarios El País, El Mundo y La Vanguardia que juegan a ello) que hay que olvidarse de los tribunales y la Justicia frente a los desafueros de Artur Mas, además de ser cómplices de esa ruptura de la legalidad y del orden constitucional, corren el riesgo seguro de verse desbordados por la imparable locura de Mas en pos de la independencia de Cataluña, tal y como lo ha prometido el político catalán con sus anunciadas elecciones plebiscitarias para declarar la independencia de Cataluña, según el plan esbozado por CiU y ERC.

Pero ¿acaso están ciegos los abanderados del desistimiento legal en favor de lo que llaman ‘la solución política’ para favorecer los disparates y los desafíos chulescos y provocadores de Mas? Si la ley no se cumple y no se impone ahora con todas sus consecuencias, como además es preceptivo, ello significará que el Estado da luz verde a la independencia de Cataluña.

Decía un diputado de CiU del Congreso de los Diputados: ¿qué queréis, inhabilitar y meter en la cárcel al Presidente de la Generalitat? A lo que le hay que responder: si violó la Ley y la Constitución el presidente de la Generalitat, como gobernante y representante del Estado en su Comunidad, debe responder ante la Justicia de sus actuaciones ilegales, si las hubo, en el ejercicio de su cargo. Pero, además, el ciudadano Mas tiene obligación de acatar la Ley como cualquier otro español o residente en este país, por más que sea un futbolista de prestigio como Leo Messi, o el presidente de una Autonomía -como lo fue Jaume Matas- o una famosa cantante, como lo es Isabel Pantoja.

O ¿acaso el cargo de Presidente de la Generalitat está dotado, además de su aforamiento, de la ‘inviolabilidad’ que en la Constitución Española sólo es prerrogativa del Rey y Jefe del Estado (lo que se debería cambiar)? No hay excusa legal, ni argumento político que permitan ni justifiquen un trato de favor ante la Ley y la Justicia del Presidente de la Generalitat. Ni tampoco de los miembros de su Gobierno, y por lo tanto están sometidos al imperio de la ley y a lo que sobre sus actuaciones públicas y personales le dicten los tribunales de Justicia. Sobre todo si como parece, y así figura en la querella de la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Junta de Fiscales de toda España, Artur Mas es el presunto autor de varios delitos de: desobediencia, usurpación, prevaricación y malversación.

Y si ello provoca el crecimiento del independentismo catalán y también facilita el protagonismo político y ‘victimismo de mártir’ del señor Mas, pues allá los nacionalistas catalanes con sus quejas y desafíos pero nada ni nadie debería romper el orden constitucional y la legalidad vigente en este país. Y que se cuiden muy mucho los poderes económicos catalanes de no entrometerse en este circuito del imperio de la ley, porque es precisamente el orden constitucional lo que da seguridad jurídica a sus actuaciones y a sus negocios en todo el territorio español, y en sus relaciones especiales con el marco jurídico de la Unión Europea.

Y si en medio del procedimiento judicial en curso, Artur Mas sube, desde la presidencia de la Generalitat, el tono de su desafío al Estado del que ya hizo alarde el pasado 9 de noviembre, antes y durante la celebración de la Consulta secesionista -suspendida por el Tribunal Constitucional-, pues en ese caso y sin demora el presidente del Gobierno de España y las demás instituciones del país, deberán actuar con la mayor premura y diligencia para evitar mayores daños al orden constitucional, aplicando, si llegara el caso, el artículo 155 de la Constitución Española del que se podría derivar la suspensión de la Autonomía de Cataluña.

El daño que Artur Mas y sus compañeros de este viaje hacia ninguna parte ya han hecho a España y a Cataluña ha sido muy importante. Y se hizo con premeditación y alevosía aprovechando la inclemencia económica y social de la crisis vigente, insultando a los españoles como los presuntos ladrones -‘España nos roba’-, y abandonando, desde hace varios meses, el gobierno de Cataluña para sustituirlo por una permanente agitación independentista.

Pero de verdad ¿hay alguien en la política, o en el mundo empresarial, que piense seriamente que se puede vulnerar impunemente la legalidad y que con semejante desistimiento Mas y CiU regresarán como corderitos a la senda constitucional? El Estado, a través de sus gobernantes, instituciones y representantes debe actuar y hacer lo que debe de hacer, al margen de las consecuencias políticas o sociales que de ello se derive. Y si no lo hace se abrirá una puerta imposible de cerrar y pasaremos del Estado de Derecho al Estado de desecho, que es lo que están buscando algunos para, en medio del torrente sin control de ese río revuelto, disolver la unidad nacional.