La hora del Fiscal General en Cataluña

Lo que está en juego no es una trifulca entre fiscales catalanistas y españolistas sino el orden constitucional y el imperio de la ley, que han sido explícita y ostensiblemente violados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus más estrechos colaboradores al liderar la Consulta ilegal y suspendida del 9N en Cataluña. Conculcando la legalidad y como lo ha dicho el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, al haber adoptado Mas decisiones que, a todas luces, vulneran el Código Penal con los presuntos delitos de: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación. Motivos todos ellos por los que el Fiscal General ha recibido el apoyo casi unánime -con sólo dos excepciones- de la Junta de Fiscales por lo que la presentación de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus colaboradores es obligada y debe hacerse de una manera inmediata.

Y a ella se debería sumar sin dilación la Abogacía del Estado que depende del Gobierno de Mariano Rajoy porque, entre otras cosas, están en juego la malversación de fondos públicos que no se deberían obviar ni olvidar. Y que se cuiden Rajoy y el PP de poner más trabas a la acción del Fiscal General porque con su querella y actuación se está subsanando, aunque tarde, la que ha sido una calculada y premeditada delación de responsabilidades del Gobierno de España en defensa de la legalidad y del orden constitucional. Un abandono calculado de la responsabilidad del Ejecutivo que debió comenzar sus actuaciones contra la Consulta del 9N a los pocos minutos de que el Tribunal Constitucional hiciera pública su sentencia contra la citada Consulta, por más que en este su segundo pronunciamiento no exigiera el estricto cumplimiento de la misma.

Una argucia al parecer sugerida al TC desde el palacio de la Moncloa, como consecuencia del diálogo y pacto secreto que se estaba urdiendo entre representantes de los Gobiernos de Rajoy y Mas, así como del PSOE, para permitir con el ‘desistimiento’ legal la celebración de una consulta de bajo perfil, y más tarde simular una respuesta ‘proporcionada’ que incluía la no actuación de la Fiscalía, lo que les ha salido mal a todos los conspiradores del 9N y a sus negociadores secretos Arriola, Serrano y Rigol. Los que han quedado en la peor de las evidencias implicando a sus respectivos líderes, Rajoy, Sánchez y Mas, en semejante y más que lamentable pacto de violación de la legalidad, tal y como se desprende de todo lo ocurrido.

Tiene razón Torres Dulce cuando, en respuesta a los fiscales catalanes que ‘huyen’ de la querella, les dice que el Tribunal Constitucional ya exigió frente al decreto de referéndum de Mas el cumplimiento expreso de su sentencia, y que la segunda suspensión estaba incluida en ese mandato, dado que la segunda Consulta del 9N sólo era una argucia o prolongación de la primera convocatoria. Además, si los que dicen los fiscales catalanes fuera cierto ¿por qué el Tribunal Constitucional iba e emitir una segunda sentencia donde queda clara la suspensión de esta nueva convocatoria?

Si a ello añadimos los alardes desafiantes hechos por el presidente de la Generalitat, mofándose de la Fiscalía y de las sentencias del TC, y la malversación flagrante de fondos públicos en la Consulta del 9N, antes y durante su celebración ilegal -como lo reconoció el presidente Rajoy en su rueda defensa del día 11 de noviembre-, veremos que el cúmulo de indicios de los delitos perpetrados por Mas y varios colaboradores, como la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau, son flagrantes y obligan al Fiscal General a actuar frente a la pasividad sospechosa de los fiscales de Cataluña. Los que deberían ser cesados si continúan renegando de sus funciones y desobedecen las órdenes del Fiscal General.

Los argumentos esgrimidos por la Moncloa para justificar el desistimiento de la acción de la Justicia y de la Fiscalía y Abogacía del Estado frente a los desafueros de Mas son inaceptables: había que evitar todo tipo de incidentes entre organizadores, votantes y fuerzas de seguridad; que no era bueno para la imagen de España en el exterior; que Mas se podría convertir en un mártir político, etc… Es decir, un tacticismo de la peor calaña frente a la obligada defensa del imperio de la ley y del orden constitucional, frente a todas y cada una de las consecuencias políticas y sociales que todo ello pueda tener en Cataluña.

De manera que vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, pero todo apunta a que la querella del Fiscal General, Eduardo Torres Dulce, se va a presentar. Y bien que hará en nombre de la legalidad y del dañado prestigio de la Fiscalía catalana que parece inmersa inmersa en esa operación secreta de hacer ‘vista gorda’ con Mas que no se puede consentir ni soportar.

Y dicho todo esto tenemos que lamentar la actitud cómplice y desvergonzada del líder del PSOE, Pedro Sánchez, contrario al cumplimiento estricto del orden constitucional para justificar la actitud no menos irresponsable del PSC -que apoyó la consulta con varios de sus alcaldes- y su posición favorable al derecho de autodeterminación que, como debería saber Sánchez, es también ilegal y anti constitucional. Su discurso política y legalmente indecente, de que hay que ‘olvidarse de los tribunales’, frente a la violación de la ley y con la excusa de su imposible y no explicada propuesta federal, nos dice que Pedro Sánchez es otro de los entusiastas del pacto secreto de los desistimientos legales sobre la Consulta del 9N, lo que le descalifica como líder de la Oposición y del PSOE por haber pisado la raya de la legalidad.

Como la pisó Rajoy, por más que ahora -presionado por la opinión pública y su partido el PP (e incluso por un sector del Ejército a través del JEME), el Presidente disimula y recula poco a poco dejando paso obligado al Fiscal General, quien debería ser acompañado por la Abogacía del Estado por orden directa de Rajoy para así evitar equívocos y regresar a la senda constitucional.