Fulminante respuesta del Estado

Un cierto escalofrío ha invadido los salones de la Generalitat cuando se ha conocido la velocidad y la firmeza con la que las primeras Instituciones del Estado -el Consejo de Estado, el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional- han puesto punto final a la consulta soberanista catalana del próximo día 9 de noviembre, sin dejar el menor resquicio en el tiempo y en el ámbito de la ley al arranque del proceso independentista. Así se desprende de la decisión del Tribunal Constitucional que, reunido de urgencia y tras recibir y reconocer los recursos del Gobierno contra la ley de consultas y el referéndum secesionista, acordó la suspensión inmediata de los decretos firmados por Artur Mas.

La primera reacción del presidente catalán, Artur Mas, que ahora deberá decir si acata las decisiones del TC, ha sido la de hacer bromas para transmitir la idea de que el TC no ha analizado los recursos y está al servicio del Gobierno. “Han roto la barrera del sonido”, dijo Mas al valorar la rapidez con la que ha actuado el Tribunal, como si él no conociera que los recursos del Gobierno contra cualquier ley de las Comunidades Autónomas deben ser admitidos de manera inmediata por la Corte Constitucional que, además, está obligada a suspenderlos al menos durante cinco meses hasta que ese Tribunal delibere sobre sus contenidos y las alegaciones pertinentes de las partes afectadas hasta que dicte su sentencia final.

En estas circunstancias llama la atención que Artur Mas, una vez que ha desafiado al Estado para romper ni más ni menos que la unidad de España, todavía pensaba abrir un nuevo debate político y jurídico sobre su desafío al conjunto de los españoles, aplazando las decisiones del Gobierno y del TC como si la cosa no tuviera la menor importancia. La tiene y mucha y el Gobierno ha actuado en el marco de la ley con la rapidez, la diligencia y contundencia que el caso requiere. Lo que anuncia que actuará de semejante manera y con igual velocidad si Mas se atreve a desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional. La que afecta no solo a Mas y a su Gobierno sino a todos los funcionarios y los cargos públicos de Cataluña que, a partir de ahora, deberán de abstenerse de avanzar en pos de la consulta soberanista del 9 de noviembre y de no usar ni dinero ni instalaciones públicas en ese mismo camino porque de hacerlo estarían violando la legalidad y podrían ser perseguidos por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La gravedad del desafío con el que se pretende, al margen de la ley y en contra de la Constitución, romper la unidad de España no permitía más dilaciones ni dejar espacios de confusión y, una vez firmada la ley de consultas catalanas y convocado el referéndum ilegal del 9 de noviembre, la respuesta no se hizo esperar. Porque no hay tiempo para más disquisiciones ni subterfugios de los que hace gala Artur Mas, a quien Rajoy ha responsabilizado de todas las consecuencias de semejante disparate.

Queda claro a partir de ahora que iniciativa política de este gran disparate, como ya ocurrió con el caso de Ibarretxe, ya no está en Barcelona sino en Madrid. Y que Mas tendrá que someterse a ley una vez que no tiene mas que dos salidas; recular reconociendo su fracaso y el final de su carrera política; o provocar el ‘choque de trenes’ donde también tiene todas las de perder. Le queda a Mas como una tercera vía alternativa adelantar al 9N las elecciones autonómicas catalanas en pos de unos comicios plebiscitarios, pero semejante maniobra no dejaría de ser el claro reconocimiento del fracaso de la consulta y un nuevo disparate en la continua fuga de Mas hacia ninguna parte, que sin duda alguna aprovecharía ERC.

Hace tiempo que esperábamos una actuación y una declaración contundente del presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el desafío al Estado del presidente de la Generalitat Artur Mas. Y por fin una y otra cosa han llegado tras la puesta en marcha del referéndum independentista. Acción rápida del Gobierno y del Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional y declaración firme de Rajoy precedida por la decisión del Consejo de Ministros de España de aprobar los recursos pertinentes contra los decretos de Mas relativos a la ‘ley de consultas catalanas’ y la convocatoria de un referéndum secesionista por el gobierno de la Generalitat.

Actuó pues el presidente con rapidez y habló de manera clara y concreta para desmontar la colección de mentiras y subterfugios con los que Mas y aliados independentistas, pretenden poner en marcha su proceso destructivo de la unidad nacional utilizando como trampolín las consecuencias sociales de la crisis económica para culpar a España de los problemas sociales de Cataluña.

Todo ello adornado por Mas con un discurso intencionadamente falaz, con el que el proceso secesionista se disfrazaba de: legal (con la ley de consultas); democrático (citando el derecho a votar y decidir); de política y económicamente viable (diciendo que Cataluña no saldría de la UE) ; y exhibiendo un falso victimismo  (‘España nos roba,’ o no nos dejan votar y no quieren dialogar). Una colección de mentiras con las que pretendían presentar la consulta como consecuencia irrenunciable y a la vez positiva para Cataluña.

A todo esto ha respondido Rajoy recordando que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, que la ley de consultas catalanas atenta contra la Constitución y que la consulta es ilegal y a la vez anti democrática porque priva al conjunto de los españoles del derecho a decidir sobre lo que les afecta y del que se arrogan solo unos pocos. Y concluye Rajoy señalando a Mas como responsable de las graves consecuencias del ‘desafío’ al Estado, y añade que ‘lo peor es que lo sabía desde el principio’.

Un cubo de agua helada se ha derramado sobre la cabeza de Artur Mas y sobre la de sus compañeros del gobierno y del proceso que ha llegado al final de la escapada y que suspendido está ahora por el Tribunal Constitucional. ¿Acatará Mas la ley y la decisión del TC? No tiene más remedio si no quiere ponerse al margen de la legalidad, abriendo en Cataluña una crisis de consecuencias muy serias que dañarán la convivencia y al conjunto de la sociedad.