Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com

La Infanta Cristina huye de la verdad

La Infanta Cristina no ha dicho la verdad ni todo lo que sabe en relación con el caso Nóos/Aizoon ante el juez Castro de Palma de Mallorca, las acusaciones particulares y la fiscalía, pero está en su derecho y ello forma parte de su defensa, así como de la de su marido, Inaki Urdangarin. No en vano el mentir o el eludir y no responder las preguntas ante el magistrado es una de las ventajas procesales que le otorga el acudir como ‘imputada’ ante el juez. Como ha reconocido su abogado Roca: ‘la Infanta ha contado su propia verdad’.

Naturalmente, ahora será el magistrado quien valore las palabras de la Infanta, partiendo de lo allí declarado y de la convicción que él tiene sobre lo ocurrido y lo dicho por doña Cristina. Y en base a todo ello el juez Castro deberá decidir si archiva el caso de la Infanta o si la procesa para llevarla a juicio. Algo que, en el caso de producirse, debería validar la Audiencia Provincial de Palma porque está claro de que si hay procesamiento sus defensores lo recurrirán.

Las sonrisas de la Infanta -puede que poco oportunas- y el desbordante optimismo de sus abogados Roca y Silva forman parte del espectáculo, aunque es notorio que Miguel Roca se ha excedido al decir que tanto para ellos como para la Infanta el día ‘no ha podido ser mejor’ (sic). No pensarán así en el Palacio de la Zarzuela, donde el Rey Juan Carlos habrá seguido con máxima preocupación la jornada judicial de su hija Cristina, y no solo por lo que afecta a la Infanta y a la Familia Real sino también por lo que afecta a la Monarquía y al prestigio de España. A la vista estaban las manifestaciones de la calles próximas al juzgado y los más de 200 periodistas, españoles y extranjeros, acreditados para seguir el acontecimiento en el que, según, ese gran optimista que es el señor Roca, no hubo ‘privilegios’, lo que no es verdad porque el trato dado a la Infanta fue diferente al de cualquier imputado.

Sobre el fondo de la cuestión, es decir sobre la participación de la Infanta en la gestión de la sociedad Aizoon que compartía con su marido Urdangarin, o sobre el conocimiento que ella tenía de los que eran negocios delictivos de Nóos y del uso que se hacía de su condición de hija del Rey, la Infanta o no ha declarado, o ha eludido la respuesta, o lo ha negado todo. Aunque sí ha reconocido que en el 2006 el Rey, a través del conde de Fontao, le dijo a Urdangarin que abandonara Nóos. Lo que supone reconocer, a partir de ese año y ese momento, que ella ya sabía que estaban pasando cosas extrañas o irregulares. Ya lo debió sospechar al conocer las preguntas que sobre los negocios de Nóos hizo un diputado socialista en el Parlamento balear, lo que abrió el melón de esta causa nacida del escándalo del estadio Palma Arena y de la implicación en todo ello del Gobierno de Jaume Matas junto a los socios de Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarin.

Luego ella, doña Cristina, no solo debía saber muchas cosas sobre los negocios de Nóos y de Aizoon, sino que era consciente de la gravedad de la situación desde que el Rey le pidió a su esposo que se alejara del Instituto. Pero está claro que Urdangarin no le hizo caso al Rey, y que siguieron los negocios ante las narices de la Infanta y en su propia casa, lo que ya es mucho desconocer.

Sin embargo, a doña Cristina se le imputan los dos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de capitales y es en ambos asuntos donde el juez deberá valorar de manera más concreta las evasivas, el ‘no sé’, ‘no me acuerdo’, ‘no me consta’ o ‘no respondo’ de la Infanta y sus probables mentiras defensivas. Y pronto sabremos cuál será la decisión del juez y si por fin se acaba lo que Rafael Spottorno ha calificado de ‘martirio’ desde el palacio de la Zarzuela, o por el contrario se prolonga el ‘calvario’ del juez. Porque si el juez Castro decide seguir la causa y procesar a la Infanta provocaría otra avalancha de agresiones públicas y políticas contra él y por supuesto habría recurso a la Audiencia Provincial, el frontón final donde el fiscal, la Moncloa y la Zarzuela esperan poner punto final a este proceso si no lo para antes el magistrado.

Lo que no va a parar nadie, y en ningún caso, es el daño hecho al país, sus instituciones e incluso a la Corona por tres razones: por la evidencia de los hechos que en todo caso inculpan al yerno del Rey, por el intento del poder público e institucional de impedir la investigación de la Infanta Cristina, y porque ha sido tal el nivel de acoso al juez Castro por la fiscalía y otros poderes que no será fácil convencer a los ciudadanos de que la Infanta no es culpable y cómplice directa o indirecta de lo ocurrido en Aizoon y Nóos. Como nadie cree, a día de hoy, que la Infanta haya dicho la verdad. Está en su derecho, como hemos dicho al principio, pero es el juez quien ahora lo debe valorar.

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