Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com

La Infanta Cristina ante el juez

Los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder que afectan a la monarquía y que han dañado sensiblemente a la institución hasta el punto de abrir un debate sobre la posible abdicación del Rey don Juan Carlos en  favor del Príncipe Felipe para cortar el prestigio y la mala imagen de la Corona, ya han tenido pésimas consecuencias para la institución monárquica como revelan las encuestas, con la única excepción positiva del Príncipe de Asturias. Solo los errores y abusos de miembros de la Familia Real -que como familia tampoco ha resultado ejemplar- y su entorno privado y público son los responsables de esta crisis que también dañó otras instituciones del Estado como la Justicia y la imagen de España en el mundo. La cuestión que se plantea, en plena crisis económica, social, moral e institucional del país, es si estos problemas se pueden reconducir a un ámbito de normalidad o si por el contrario podrían empeorar.

De ahí la trascendencia de la esperada ‘actuación’ de la segunda hija del Rey Juan Carlos I, la Infanta doña Cristina de Borbón, que acude esta mañana a declarar como imputada en la instrucción que el juez de Palma de Mallorca, José Castro, lleva a cabo en relación con el llamado caso Nóos. La empresa que lideraban el esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Empresa en la que se han detectado serios  delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Por todo ello la visita de la Infanta Cristina al juzgado no es un somero trámite procesal, como lo demuestran los intentos fallidos y burdos de la fiscalía del Estado -representada por el fiscal Horrach, quien llegó incluso a descalificar personal y procesalmente al juez Castro- de impedir semejante comparecencia de la Infanta, o las medidas adoptadas por el ministerio de Interior y la fiscalía para evitar que la Infanta haga ‘el paseillo’ ante los medios de comunicación o que su declaración pueda ser grabada en vídeo. Un lamentable espectáculo adornado de toda clase de intrigas y presiones políticas emanadas de los más altos palacios del Estado, la Moncloa, desde donde el presidente Rajoy ha declarado que la Infanta es ‘inocente’ y La Zarzuela, desde donde el Jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno calificó el proceso judicial de ‘martirio. Presiones y actuaciones amparadas por los primeros partidos políticos del país, PSOE y PP y el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Formaciones políticas en línea con su condición de ‘partidos dinásticos’ en la que ha sido la Restauración de la Monarquía en la transición española, tras el final de la dictadura del general Franco.

Si lo que pretendía el poder político y fiscal –que son la misma cosa- era abortar la investigación del juez y evitar el desprestigio de la Corona, del Rey y de la Infanta Cristina se puede decir que han fracasado y que, con sus ‘artes’, han empeorado la situación y la imagen de la Monarquía. Tan ha sido así que el hecho de que la Infanta se negará a declarar cuando el juez Castro la citó en una primera imputación, le ha supuesto a ella un empeoramiento de su imputación -ahora por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales- y un mayor riesgo procesal.

Con riesgo de procesamiento, algo que descartan los abogados de la Infanta con el argumento de que ella desconocía el alcance delictivo del negocio de su marido el Duque de Palma, por más a través de la sociedad Aizoon, de la que la Infanta posee el 50% de las acciones, ella se haya beneficiado de los fondos estafados por Nóos a las instituciones públicas (y privadas). Lo que  obligará a doña Cristina a devolver 600.000 €, como responsable civil subsidiaria. Algo que ha sido admitido por el fiscal porque no tenía otra salida y para intentar conseguir que la Infanta se puede librar y ausentarse del juicio oral de la causa, lo que no parece probable aunque ya se verá.

Una ausencia en el juicio que los poderes públicos y la fiscalía querrían extender a Urdangarin propiciando una ‘condena pactada’ del Duque de Palma en la que no se incluya la cárcel y que le permita evitar el juicio. Algo que no es fácil porque para ello haría falta poner de acuerdo a todas las partes implicadas en el proceso, lo que no parece fácil en lo que a la ‘acusación popular’ se refiere.

Vamos a ver como discurre este trance y las consecuencias que tiene para doña Cristina, la Familia Real y la Monarquía, e incluso para la imagen y la estabilidad de España en este tiempo tan sensible en el que nuestro país se encuentra en la pista del despegue del crecimiento y de la recuperación de la economía y del empleo y donde estos escándalos causan estragos en lo que a la confianza en España se refiere. Y que se cuiden los poderes de no volver a forzar la máquina de la presión política sobre el ámbito judicial porque los nervios y la tensión social ciudadana contra la corrupción están a flor de piel.

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