El obsceno reparto de la toga judicial

Si ya es obsceno de por sí el conciliábulo político en el que, de espaldas a los ciudadanos, los partidos con representación en el Parlamento se han repartido, de mayor a menor, los sillones del Consejo General del Poder judicial escenificando la dependencia política de la Justicia, más asombroso parece que organizaciones que se declaran enemigas entre sí -el PSOE mantiene la petición de dimisión de Rajoy por el caso Bárcenas-, olviden su mutuos reproches a la hora del reparto de la toga de la diosa ciega de la Justicia. E incluso partidos que se declaran españoles cedan uno de los sillones del privilegiado judicial club a CiU, el partido que lidera el proceso de la independencia de Cataluña, el mismo que metió años atrás en ese Consejo al delincuente Pascual Estevill.

En la gran farsa del sometimiento del Poder Judicial al poder Ejecutivo, por la vía del legislativo, participa casi el pleno de los grupos del Parlamento, PP, PSOE, CiU, PNV e IU, exhibiéndose así el desprecio de todos ellos por la norma sagrada en cualquier democracia de la separación de los poderes del Estado que en nuestro país no existe -solo hay separación de funciones-, lo que confirma el escaso nivel democrático de la partitocracia española, de la que son cómplices y beneficiarios los citados partidos.

Con el agravante además de que esta vez y con la última reforma de Rajoy y Gallardón de la Ley del Poder Judicial, el PP se queda con el absoluto control de este poder y la capacidad de nombrar a los primeros responsables de los altos tribunales del Estado, así como de influir en decisivas decisiones judiciales. Con lo que el Gobierno actual suma al control de la Fiscalía el control judicial, lo que sin duda es un éxito del involucionismo democrático que en este Gobierno lidera el ministro Gallardón (ahora se prepara a recortar derechos fundamentales de expresión y manifestación).

Y para que no quede duda alguna sobre el sometimiento del poder judicial al poder Ejecutivo, el próximo presidente del CGPJ, será Carlos Lemes, un ex alto cargo del Ministerio de Justicia durante los pasados gobiernos de Aznar. Lo que se completa con la nueva normativa que permite sentarse en el Consejo a representantes de los poderes, Judicial y Ejecutivo, nombrados por el Legislativo, tras el reparto sellado a escondidas por los jefes de los partidos.

¿Y cómo se ha prestado el PSOE a entregar a Rajoy todo el poder judicial? Pues porque piensan que cuando ellos recuperen el Gobierno les tocará disfrutar de esas enormes ventajas. ¿Y cómo PP y PSOE le regalan a CiU un sillón? Pues por la misma razón que le han cedido a Duran i Lleida la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso, para que este personaje, que critica a España, nos represente en sus viajes al extranjero para hablar en favor de la independencia de Cataluña.

Y todo embadurnado por el falso discurso, que ya se utilizó, años atrás por Felipe González en el ‘entierro’ de la separación de los poderes de Montesquieu, según el cual la Justicia debe de estar sometida a la ‘soberanía nacional’ que muchos creen que reside en el Parlamento, lo que no es verdad: primero porque la vigente Ley Electoral no es proporcionalmente representativa; segundo porque dicha soberanía nacional no reside en el Parlamento sino en los aparatos de los partidos políticos que hacen las listas y que controlan todas las votaciones; y tercero porque el poder judicial no depende finalmente del Parlamento, que se solo usa de trámite y simulación de un acuerdo secreto entre lideres de partidos, sino del Gobierno.

Y está claro que si la Justicia no es independiente la corrupción política seguirá y saldrá exculpada de los casos en curso, no habrá control del poder Ejecutivo en presuntos delitos de malversación, cohecho o prevaricación. Lo que, sumado a la ausencia de control al Ejecutivo por parte de un Parlamento domesticado y al control de los medios de comunicación por el Gobierno y los partidos, explica cómo España ha llegado a esta situación actual de crisis económica, institucional, social y moral en la que vivimos. Motivos todos ellos suficientes como para que Rosa Díez -que se mantuvo al margen del obsceno reparto del poder judicial- medite sobre la oportunidad y responsabilidad que tiene hoy día UPyD de abrir en España una tercera vía democrática, lo que no será fácil. De ahí que debería reflexionar sobre la oportunidad de un pacto con Ciudadanos, porque estos dos partidos ‘regeneracionistas’ y defensores de la separación de los poderes del Estado tendrán en las próximas elecciones una sola oportunidad de romper con esta dinámica infernal. Si UPyD y Ciudadanos se convierten unidos en la tercera -o segunda- fuerza política del país y cumplen lo que han prometido, la sombra de Montesquieu podrá reaparecer en el escenario político español lo que sería determinante para arreglar todo lo demás.