Blog de Pablo Sebastián. Presidente y fundador del diario de internet Republica.com

Justicia decepcionante

La sentencia absolutoria sobre el desastre ecológico del Prestige, sin ninguna condena importante, ni siquiera para ¡los armadores o los aseguradores! del buque, se une ahora al malestar natural que ha provocado la celeridad con la que la Audiencia Nacional -tan lenta en otros casos- comenzó a excarcelar etarras -antes incluso que otro tipo de delincuentes afectados- al aplicar con urgencia la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Parot.

Si añadimos la lentitud y falta de medios de algunos jueces en los casos más emblemáticos de la corrupción, como Bárcenas, ERE, Gürtel, Urdangarin, Palau, etc. A lo que se les añade la falta de interés o de presunta complicidad de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina, o de sus actuaciones discutibles en los ERE, o con su silencio y pasividad ante los ahora nuevos escándalos de los sindicatos, o frente a las continuas violaciones de la legalidad en Cataluña, veremos que hay motivos suficientes para incorporar a la Justicia a la lista de instituciones que hoy están en entredicho.

El vigente espectáculo político sobre el reparto de sillones en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que previamente ha apañado el ministro Gallardón con sus ‘injustas’ reformas de la Justicia y de su legislación, constituye un ejemplo más de lo mal que están las cosas en el conjunto del ámbito judicial.

En el caso del Prestige la sentencia reconoce que el barco roto y hundido tenía serios problemas estructurales. Y si eso es así ¿por qué los fiscales y los jueces no se lanzaron a fondo contra los armadores y la aseguradora del barco? No se sabe, o por ahora no está claro, y cabe esperar que el recurso al Tribunal Supremo que se ha anunciado permita abordar esta cuestión.

En relación con la responsabilidad política de aquel Gobierno de Aznar, la y del propio capitán del barco, sobre si se hizo bien o no lo de alejar el buque de las costas en vez de llevarlo a puerto ahí no cabe exigir responsabilidad penal alguna, porque la decisión que se tomó fue de buena fe y considerada la mejor. Y, además, se desconoce que es lo que hubiera pasado si el buque se rompe cerca o llegando a puerto, lo que a lo mejor habría sido mucho peor.

En todo caso, el desastre le costó a España más de 4.000 millones de euros y provocó ingentes daños ecológicos y económicos en Galicia, donde nadie olvidará semejante episodio. El que por lo menos nos ofreció un espectáculo encomiable de solidaridad y el trabajo en contra del famoso chapapote, gallegos y ciudadanos de otras partes de España que fueron a esas costas a ayudar.

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